El gobierno de Saavedra avisa a Emalsa de que ´pagará´ por incumplir la ley del agua

NATALIA VAQUERO El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado una "acción contundente" para exigir a la empresa mixta Emalsa que resuelva el exceso del nivel de boro del agua que llega a los hogares de los ciudadanos. Esta anomalía ha provocado que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias haya decretado desde el 18 de abril la restricción del consumo del agua de abasto.

"Puedo asegurar que el Ayuntamiento no está de brazos cruzados" ante esta crisis, aseguró el concejal de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento capitalino, Néstor Hernández. Además, como primer responsable del control de aguas del municipio avanzó que se tomarán todo tipo de medidas "para que pague el que haya incumplido" la ley. Con esta advertencia daba un tirón de orejas a la empresa Emalsa, que infringe desde hace años la directiva europea que regula la calidad del agua potable y del real decreto de febrero de 2003.

Hernández lamentó al mismo tiempo "el daño irreparable" que la crisis del boro ha causado a la imagen de la ciudad y quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. "Me he documentado a fondo y puedo asegurar que los niveles de boro detectados en el agua de abasto de la ciudad no suponen riego alguno para la salud de los consumidores", subrayó. El edil declaró que el alcalde Jerónimo Saavedra se mantiene permanentemente al tanto de los trabajos que realiza Emalsa para mejorar la calidad del agua que suministra en los hogares e insistió en que "estamos urgiendo a la empresa" para que concluya estas labores antes del tiempo previsto de tres meses.

"Lo más importante en estos momentos es arreglar esta situación para poder levantar la restricción del consumo de agua" decretado por Sanidad, reiteró. Más adelante "estudiaremos las acciones más convenientes" para sancionar a Emalsa, añadió. Ni Saavedra, ni Hernández han valorado aún la posibilidad de rescatar la concesión de Emalsa, que cuenta con una participación del Ayuntamiento del 34 por ciento. El resto del accionariado lo forman las empresas Sacyr y Saur. La Corporación municipal puede rescindir este contrato si "se refleja un deterioro del servicio público o éste se viese amenazado o cuestionado por cortes, restricciones o circunstancias similares".