El Gobierno canario deja sin ayuda a numerosas familias al no permitir actualizar los datos fiscales

RAÚL GIL Decenas de familias con necesidades de Las Palmas de Gran Canaria se quedarán este año sin percibir las ayudas que concede anualmente el Gobierno de Canarias al no poder aportar sus datos económicos actualizados a la época de crisis que atraviesa la mayoría de ellas. Los afectados son aquellas familias que piden la ayuda de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una subvención que ronda los 400 ó 500 euros al mes y tiene como fin devolver al solicitante al mercado de trabajo.

Los trabajadores sociales del Ayuntamiento capitalino, que gestionan estas ayudas que luego abona el Ejecutivo regional, denuncian la "anómala" situación que se produce al atender a familias cuyos miembros están todos en el paro desde hace un año pero a los que la Ley 1/2007 les exige aportar su declaración del IRPF de 2007, en plena época de bonanza económica. Según los trabajadores sociales municipales, las peticiones de la PCI en el municipio se han duplicado este año (en 2008 fueron unas 400), pero estiman que casi la mitad de ellas no podrán ser atendidas porque su declaración de la Renta de 2007 recoge unos ingresos superiores al máximo que establece la Ley.

Además, el dato del IRPF es concluyente. Es decir, aunque se aporte la inscripción en el paro o un justificante de que es perceptor del subsidio de desempleo, el factor clave que decide quién recibe la ayuda y quién no es el dato de la última declaración de la renta certificada.

Un problema parecido a éste se le presentó al Ayuntamiento capitalino hace unas semanas cuando varios padres que solicitaban plaza en las guarderías municipales se quejaron de que se les pedía también el dato del IRPF de 2007 cuando algunos llevaban año y medio en paro. Finalmente, el gobierno municipal reaccionó y accedió a reformar la ordenanza que regulaba estos requisitos para adaptarlos a la actualidad.

Ese paso es precisamente el que reclama Intersindical Canaria (IC), sindicato que se ha hecho eco de las quejas de los trabajadores sociales municipales y pide más agilidad al conceder las prestaciones a los ciudadanos con dificultades. "Exigimos al Gobierno canario que cambie esa Ley y adapte los criterios económicos a los más recientes porque no es lógico mirar lo que se cobraba hace dos años para dar una ayuda hoy", afirmó Eudaldo Gómez, de IC, "el Ejecutivo tiene que agilizar estos trámites y coordinarse mejor con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque la falta de diálogo entre ambos la están pagando los ciudadanos".

Los expertos en prestaciones sociales aseguran que Canarias debería seguir el ejemplo de Euskadi y Cataluña, que prestan una ayuda social universal que no requiere de tantos requisitos. Además, estas comunidades autónomas casi no piden contraprestaciones a los beneficiarios mientras que en Canarias se les exige un completo itinerario de inserción laboral que en determinados casos es casi imposible de cumplir.