El Ayuntamiento se compromete a pagar en verano a los pequeños proveedores

RAÚL GIL El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se compromete a pagar el próximo mes de agosto los más de 12 millones de euros que debe a pequeños y medianos proveedores municipales por facturas que han estado 'olvidadas' en los cajones de la Corporación durante los últimos años. El director de gobierno de Presidencia, Sebastián Franquis, anunció ayer que la junta de gobierno ha decidido convocar para el próximo 10 de julio un pleno extraordinario en el que se pretende aprobar el plan de saneamiento y reconocer la deuda de 12 millones de esas facturas sin pagar.

"Es una decisión importante para el Ayuntamiento y para el sector económico y empresarial de la ciudad ya que se van a poner en circulación más de 12 millones de euros de los que se van a beneficiar, sobre todo, pequeñas y medianas empresas y autónomos del municipio", explicó Franquis. Según datos de la Concejalía de Economía y Hacienda, entre la lista de acreedores hay empresas de todo tipo, desde suministradores de material a constructoras e incluso las propias sociedades municipales como es el caso de Geursa.

Esta iniciativa está amparada por el Real Decreto Ley 5/2009 de medidas extraordinarias y urgentes para sanear las deudas de las entidades municipales con el aval del Estado. El abono de estas facturas obligará a la Corporación a volver a endeudarse con los bancos por la cantidad que se debe a los acreedores, un préstamo que ha de devolverse en el plazo máximo de seis años según recoge el Real Decreto.

El director de gobierno de Economía y Hacienda, Benito Cabrera, explicó ayer que el Real Decreto permite este endeudamiento siempre que se apruebe un plan de saneamiento en el que se garantice que el Ayuntamiento va a poder devolver el préstamo con recursos propios. Franquis citó la semana pasada esta premisa como una de las causas que justificarían una subida de impuestos en 2010, incremento fiscal que Cabrera desmiente que esté decidido.

Cabrera puntualizó que estas facturas se pagarán sólo con el aval de la Corporación y no con el del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). "El Real Decreto establece que el ICO avale ante los bancos sólo las facturas de la deuda que sí está reconocida en el presupuesto municipal en vigor y a los que aún no se les ha pagado, que no es el caso de los más de 12 millones antes citados".