RAÚL GIL
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó ayer suspender la licencia de construcción del año 2006, así como la prórroga del año 2008, otorgada a Realia Business para construir en el solar del Canódromo dos torres de 15 plantas. La Concejalía de Urbanismo cumple de esta forma con el auto dictado por un juzgado de lo Contencioso Administrativo a principios de mes que ordenaba la paralización cautelar de las obras en tanto en cuanto se dilucida en el Tribunal Supremo la legalidad o no del Plan Especial del Canódromo.
No obstante, el concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández, aseguró ayer que al tiempo que acatan el dictamen del juzgado que paraliza las obras presentarán un recurso contra ese mismo auto. "Un informe de nuestra Asesoría Jurídica nos recomienda recurrir por la responsabilidad patrimonial en la que incurre el Ayuntamiento al suspender la licencia y que nos obligaría a pagar una indemnización por actuaciones que hicieron otros sin ningún rigor", afirmó Hernández en alusión al PP.
Según el edil, los servicios jurídicos municipales han alertado ahora del riesgo cierto de que Realia demande al Ayuntamiento por causarle un grave perjuicio económico, cosa que no hizo en octubre pasado cuando otro juez anuló la licencia de construcción ahora suspendida. "¿Si ustedes pagasen una licencia, invirtiesen un dinero en construir un inmueble de 120 viviendas para venderlas y se lo suspenden, no se plantearían una demanda?", se preguntó el propio Hernández.
Realia, por su parte, negó ayer tener conocimiento aún de la suspensión de su licencia para las torres pero aseguró que sus servicios jurídicos estudiarán cualquier posibilidad contra este medida, incluida una demanda. "Realia Business llegará hasta el final y agotará sus recursos jurídicos con la finalidad de defender los intereses de sus accionistas y de los clientes perjudicados por esta decisión", aseguró una fuente de la empresa.