Cáritas Diocesana de Canarias se verá obligada a retirar la ayuda social a más de medio millar de mujeres en situación de riesgo y exclusión social si el Gobierno canario, a través del Instituto Canario de la Mujer, no se compromete a restituir el próximo año la correspondiente partida presupuestaria, según informó ayer Elena Henríquez, coordinadora de los programas de Acción Social de la ONG.
Las afectadas son usuarias del centro Lugo, situado en la zona capitalina de Molino de Viento, y del centro Malena, que atiende a la población femenina con problemas de marginación del área de Jinámar.
La intervención excepcional del Cabildo de Gran Canaria, que de momento ha salvado del cierre ambos programas, será inevitable si el próximo año el ejecutivo autónomo no restablece la financiación anual, fijada en 120.000 euros, que venía prestando desde hace varios años. Cabe recordar que la ayuda presupuestaria que venía abonando el Ejecutivo no se hizo efectiva de manera imprevista en julio de este año como consecuencia del recorte en los fondos europeos destinados al Instituto Canario de la Mujer. Esta circunstancia obligó a Cáritas a hacer un llamamiento urgente para cubrir la financiación de ambos servicios.
Los responsables de Cáritas recuerdan que el 90%de las mujeres que solicitan algún tipo de ayuda en las islas son mujeres con algún tipo de carga familiar.
