El maestro pederasta no pasará lista

M. REYES
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias modificará la normativa reguladora de las listas de sustitutos para que los profesores condenados por prostitución o corrupción de menores no puedan acceder a la enseñanza pública. Educación ya aplica ese requisito excluyente en los procesos de selección convocados para contratar a funcionarios de carrera, pero nada impide que un maestro sentenciado por abuso sexual se cuele en las listas de interinos, pues para inscribirse en esas bolsas de trabajo no se realizan controles específicos.


De hecho, entre los aspirantes a ocupar una plaza de sustituto se halla José Ramón Benítez Medina, un profesor de Primaria que fue condenado el pasado febrero a tres años de cárcel por abusar de una menor, tal como publicó ayer este periódico. La víctima tenía 14 años y era alumna del colegio concertado en el que trabajaba Benítez.


En cualquier caso, el requisito excluyente que ya introdujo la administración para los aspirantes a funcionarios de carrera tampoco sería suficiente para rechazar la incorporación de Benítez, entre otros motivos porque es necesario que la sentencia sea firme y él la ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.


Con todo, no existe "ninguna norma a nivel estatal que recoja esta causa de exclusión en el acceso a puestos de trabajo en la administración pública", por lo que la comunidad autónoma de Canarias es "pionera en regular estos casos ante la gravedad de las situaciones que se pueden producir", según aseguraron ayer desde Educación.


Educación trabaja ahora en la modificación de la normativa que regula las listas de interinos y sustitutos del año 2003, para que en ella se recojan, entre otras cosas, los mismos requisitos que para los docentes funcionarios de carrera, según aclara la Consejería, que mantiene "una especial vigilancia para actuar de forma inmediata ante cualquier sospecha del centro o de la familia por este tipo de comportamientos, siempre en el marco de los procedimientos legales establecidos".


Y es que, sin el fallo judicial no es firme, la administración no puede restringir el derecho de los aspirantes. Otra cosas es que, si finalmente se obtiene la plaza, se abra un expediente de suspensión temporal hasta que la sentencia adquiera firmeza.