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Cruzada contra el ruido

Minar el descanso de los vecinos puede acarrera penas de cárcel. Existen antecedentes judiciales y se inicia un período de sensibilización entre ciudadanos y fiscales.

 10:27  
Un grupo de ciudadanos toma varias bebidas en el caso histórico de la capital.
Un grupo de ciudadanos toma varias bebidas en el caso histórico de la capital. ADOLFO MARRERO

M. REYES / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La batalla contra el ruido en los barrios capitalinos de Vegueta y Triana sigue en pie, aunque ya no son los vecinos del casco antiguo quienes reclaman su derecho al descanso y denuncian el exceso de decibelios, sino la propia Fiscalía Provincial de Las Palmas, cuya sección de Medio Ambiente ha emprendido acciones penales contra dos locales. Una de esas denuncias se archivó en abril del año pasado, pero la otra sigue viva y es investigada en la actualidad por el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.
Detrás de ambas denuncias está el fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Ródenas, que giró en 2007 un oficio al Ayuntamiento capitalino para investigar 15 locales de copas situados entre Vegueta y Triana. Esos establecimientos fueron denunciados a su vez por la asociación de vecinos Depaca.

Sin embargo, después de abrir las correspondientes diligencias informativas, el fiscal comprobó que todos cumplían con la licencia municipal de apertura, los horarios de funcionamiento y los decibelios permitidos. Todos menos los pubs Stones y Le Club, cuya actividad musical superaba en exceso la normativa y perturbaba el descanso de los residentes en la plaza Cairasco y la calle Malteses.
Para llegar a esa conclusión, la unidad especial de Espectáculos de la Policía Local se desplazó a las casas de los afectados y realizó las oportunas mediciones, que en los dos casos sobrepasaron el límite de los 25 decibelios fijados por la ordenanza municipal. De ahí que el fiscal denunciara a los propietarios de los negocios por un posible delito de contaminación acústica.

Los juzgados admitieron a trámite las denuncias y se les tomó declaración a los dueños de los dos locales, pero en el caso del pub Stones los ruidos no afectaron a la salud de los inquilinos y el representante del Ministerio Público pidió el archivo de la causa, entre otros motivos porque para que exista contaminación acústica debe haber un "riesgo de grave perjuicio para salud de las personas", según el artículo 325 del Código Penal, que castiga esos comportamientos con penas de hasta cuatro años de prisión.
Ese riesgo y ese perjuicio si se dan en la otra causa.

En ella están imputados Jesper D. A. y Ángel L. G., ambos como propietarios de la sociedad que explota el Le Club. Se trata de un local que arrastra un amplio expediente de quejas y sanciones por el ruido de su actividad musical, aunque ahora se ha transformado en una especie de cafetería.

La última de esas infracciones se registró en abril de 2007, que fue cuando el fiscal solicitó la intervención de la Policía Local para medir el ruido del establecimiento. En el dormitorio de los denunciantes se comprobó que el nivel sonoro casi alcanzaba los 40 decibelios, tanto por el hilo musical como por el aparato del aire acondicionado. Un escándalo nocturno que impide a los afectados conciliar el sueño, hasta el punto de recurrir a fármacos para dormir que "deterioran la salud de la paciente", según los informes médicos aportados a la causa.

Y es que ese deterioro contra la salud es fundamental para formular una acusación por contaminación acústica, una acción penal que ya sostuvo con éxito la Fiscalía de Las Palmas el año pasado. El autor de ese escrito fue el fiscal jefe, Guillermo García Panasco, luego lo defendió Ródenas y al final se tradujo en la primera sentencia condenatoria en Canarias por ese delito.

El fallo judicial fue dictado por el Juzgado Penal número 3 de Arrecife, en Lanzarote, e impuso dos años y tres meses de prisión a Pedro Sánchez Gopar, conocido propietario de El Convento, un negocio nocturno que hacía la vida imposible a los vecinos de la calle José Antonio.
La sentencia está recurrida en la Audiencia de Las Palmas, concretamente en la Sección Sexta, que ahora deberá resolver si confirma o no la resolución de instancia. El fiscal Javier Ródenas ha impugnado ese recurso con argumentos similares a los que esgrimió para ganar el juicio, esto es, apelando al descanso y al silencio para recuperar una calidad de vida que el ruido ha arrebato a los afectados.

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