El agua de la capital, de las más caras de España

TERESA GARCÍA / RAÚL GIL / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La capital grancanaria es la tercera ciudad del país que más paga por el agua de abasto. Un consumo de 20 metros cúbicos le sale a los ciudadanos de esta capital por 36,42 euros, un precio que sólo superan los vecinos de Alicante, que pagan 51,89 euros, y los de Murcia, que tienen que desembolsar 38,84.

Con la subida en un 6,3% del precio del agua, que aprobará el pleno este mes, los 20 metros cúbicos saldrán 38,32 euros y esta ciudad seguirá en el tercer lugar del ranking de ciudades con el agua más cara. Hay que tener en cuenta que la desalación encarece el coste de la producción de agua, pero también es verdad que las dos ciudades más caras también usan agua potabilizada y que Emalsa recibe una subvención al combustible, como todas las desaladoras canarias, según establece el Régimen Económico y Fiscal (REF).

La siguiente ciudad con el agua más cara, Cádiz, se sitúa a bastante distancia, con 30,87 euros, según el estudio comparativo de 28 ciudades españolas, en el que no se ha incluido Las Palmas de Gran Canaria, que dio a conocer ayer Facua-Consumidores en Acción, asociación que denuncia diferencias de hasta un 419% en las tarifas estudiadas.

Si se compara el consumo de 10 metros cúbicos, Las Palmas de Gran Canaria ocupa el lugar número 14, al pagar 12,53 euros, una cifra bastante inferior a los 33,71 euros que pagan los vecinos de Alicante. Con la subida, los 10 metros cúbicos saldrán a 13,2 euros. La comparación, tanto en esta franja de consumo como en la de 20 metros cúbicos se ha realizado con las tarifas que aplica la Península por contadores con calibre de 15 milímetros, las más caras, pese a que aquí la mayoría tienen 13 milímetros. El consumo medio en esta ciudad supera los 20 metros cúbicos, si se tiene en cuenta que la mayoría de las familias tienen entre tres y cuatro miembros.

Por otra parte, el PP solicitó ayer en la comisión de pleno que aprobó las tarifas la retirada de la propuesta o, en su defecto, que el Ayuntamiento aplique de oficio las bonificaciones a viviendas con más de cinco moradores y no sean los vecinos los que tengan que apuntarse. La propuesta fue rechazada por la mayoría gobernante.