LA CRÓNICA

TERESA GARCÍA / DUNIA E. TORRES / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la anulación de la licencia que el gobierno de Pepa Luzardo concedió en 2006 a Realia Business para construir en el parque del Canódromo dos torres de quince plantas. Esta sentencia desestima los recursos de apelación presentados por el Ayuntamiento capitalino y la empresa Realia Business, y deja las torres del Canódromo -una de las cuales ha sido totalmente levantada- al borde del derribo.

El Ayuntamiento se expone también a pagar una indemnización a Realia, que en su día valoró los daños por no poder construir las torres en 33 millones de euros. Sin embargo, la asociación de vecinos Avecalta, a la que los tribunales vuelven a dar la razón respecto a la ilegalidad de la operación del Canódromo, cree que Realia no tiene derecho a pedir indemnización.

El fallo, dictado el pasado 29 de septiembre, viene a ratificar la sentencia emitida el 22 de septiembre de 2008, que declaró nula la licencia de obra mayor, al considerar que la actuación no tiene cobertura ninguna, tras la anulación en 2007 y 2008 del Plan Especial del Canódromo, que la amparaba.

Según el juez, la anulación del Plan Especial del Canódromo y del texto del Plan General de Ordenación General relacionado con la recalificación de los terrenos, produce también la nulidad de la licencia, pese a que los fallos anulan el planeamiento no son firmes aún y están pendientes del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento y Realia se basaron precisamente en dicha falta de firmeza para recurrir la nulidad de la licencia. Pero sus argumentos han sido rechazados por la sala, que acude a la doctrina del Alto Tribunal para dejar claro que "una sentencia anulatoria de un plan general produce efectos para el Ayuntamiento afectado aunque no haya alcanzado firmeza". Declarado, por tanto nulo el Plan Especial y el Plan General que lo ampara la licencia es también nula.

La asociación de vecinos Avecalta tiene previsto pedir que se ejecute esta última sentencia, contra la que no cabe recurso, solicitando el derribo de las torres, según informó ayer el letrado Yeray Alvarado, del bufete Díaz de Aguilar y Alvarado.
Según Alvarado, "cuando una construcción deviene en ilegal y no hay posibilidad de ser legalizable", como les ocurre a las torres, "lo que procede es la demolición". Según establece la ley el Consistorio tiene un plazo de dos meses, una vez recibida la notificación del juzgado, para proceder a ejecutar la sentencia de forma voluntaria. Ello si no pide amparo apuntando que es inejecutable.