Cada vez que la presidenta de la asociación de vecinos de Ciudad Alta, María Ángeles Sánchez, sale a la calle, siempre hay algún vecino que se acerca para preguntarle cuándo tirarán las torres del Canódromo y respaldar la lucha que emprendió hace más de seis años, junto a otros residentes, contra la recalificación por el ex alcalde José Manuel Soria de una esquina del parque del Canódromo y darle vía libre a la construcción de dos torres de quince plantas.

Desde que los vecinos presentaron en 2003 la primera de una larga batería de denuncias, los tribunales han anulado por dos veces, en 2007 y 2008, el Plan Especial del Canódromo y los apartados de los planes generales de ordenación de 2002 y 2005 que dieron validez jurídica a la recalificación del suelo y ampararon la operación urbanística. Estas dos anulaciones están pendientes de la resolución del Supremo. Los tribunales han anulado también la licencia de construcción que dio Luzardo (octubre 2008) y la prórroga del permiso de obra que concedió el actual gobierno (julio 2009). En esa fecha, las obras llevaban varios meses paradas y se había devuelto el dinero a la inmensa mayoría de los compradores.

Ahora acaban de ratificar la anulación de la licencia de construcción y el juzgado de instrucción número 3 mantiene abierta una investigación sobre presuntas irregularidades de Pepa Luzardo en relación con el Plan Especial.

María Ángeles Sánchez califica la operación del Canódromo de "pelotazo urbanístico" similar al de la playa de Las Teresitas, que "propiciaron" los gobiernos de Soria y Pepa Luzardo.

La justicia ha reconocido hasta ahora que la recalificación de los 13.000 metros cuadrados del parque del Canódromo se hizo a escondidas y no fue sometida a información pública y que la construcción de las torres es contradictoria con el propio Plan General que asegura que la zona tiene la edificabilidad agotada. Sánchez se muestra muy crítica con el gobierno socialista, que han incluido la operación urbanística en el nuevo Plan General, pese a ser ilegal.