El Ayuntamiento deja el derribo en manos del juez

RAÚL GIL
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deja en manos de la Justicia el derribo de las torres del Canódromo en el caso de que los vecinos demandantes pidan la ejecución forzosa de la sentencia que la pasada semana les volvió a dar la razón y ratificó la nulidad de la licencia de obra concedida por el anterior gobierno municipal. "Hay que esperar a que alguna de las partes pida la ejecución de sentencia y entonces será el TSJC el que decida lo más conveniente, y por tanto el derribo o no de lo ya construido", señaló ayer el concejal de Urbanismo, Néstor Hernández.

La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abre la vía al derribo tras ratificar la nulidad de la licencia de obra y deja un plazo de dos meses para que el Ayuntamiento ejecute la demolición de forma voluntaria. Hernández, sin embargo, aseguró que el Consistorio no dará ningún paso hasta conocer los informes jurídicos que se han encargado o hasta que los demandantes pidan la ejecución forzosa y la ordene el juez. "Lo que buscamos con esos informes es que la decisión que se tome afecte lo menos posible al interés general".

El Ayuntamiento decretó ayer la nulidad definitiva de la licencia de obra otorgada por el PP en 2006 y el precinto de los trabajos y de la maquinaria que la promotora del proyecto del Canódromo, Realia, mantiene en el solar. Este decreto ratifica la suspensión provisional que pesaba sobre la obra desde julio a raíz de la primera sentencia que anuló la licencia y no hace más que someter la actuación municipal a lo prescrito por el TSJC.

Aunque Hernández no quiso adelantar cuál será la decisión final del gobierno local con respecto a la demolición de lo ya construido ("el corazón nos dice una cosa pero debemos ser fríos"), sí apuntó que estas sentencias más recientes en contra de la licencia de obra marcan el camino a seguir aunque aún se esté pendiente del fallo definitivo del Tribunal Supremo.