Conrado Gallardo aterriza esta semana en el sur de Gran Canaria para debatir sobre la independencia del Poder Judicial en el marco de la Unión Europea. Casi nada.

- Foro Judicial Independiente ha crecido mucho en poco tiempo. ¿Cuál es el secreto?

- No hay ningún secreto. Un sector muy importante de la carrera judicial estaba desengañado con las asociaciones tradicionales. Veían que no defendían los intereses profesionales de los jueces y que estaban más bien concebidas como partidos políticos que conquistaban el poder, con cargos de vocal del CGPJ, presidencias o Tribunal Supremo. Cuando surge FJI trae perspectivas completamente nuevas, porque no se trata de asaltar el poder, sino de defender a los jueces.

- ¿Qué diferencia al FJI del resto de las asociaciones? ¿Y qué los une?

- Nos diferencia nuestro origen. FJI es la única asociación que surge espontáneamente de un movimiento de protesta de jueces que tuvo lugar a finales del año 2002. Y nos diferencia un hecho claro: no tocamos poder ni tenemos fuerza para decidir nombramientos. Y también nos diferencia nuestro marcado carácter sindicalista. Nos unen muchas cosas, también, porque FJI ha influido en una evolución de las asociaciones tradicionales hacia el sindicalismo, y buena prueba de ello es la huelga que ha hecho la APM hace un mes. Eso era impensable hace un año.

- ¿Qué ha cambiado en la Justicia desde la huelga de febrero de 2009?

- Muchas cosas y muy importantes. Con Bermejo (el anterior ministro de Justicia), la idea predominante del Ministerio era que el problema de la Justicia española era que los jueces no trabajábamos lo suficiente. En el plan estratégico que acaba de aprobar el Ministerio en el mes de julio se reconoce que uno de los objetivos es duplicar el número de jueces en España. Es un cambio fundamental en el planteamiento, que reconoce además la falta de medios y la falta de coordinación. Han cambiado muchas cosas en cuanto al concepto.

- ¿Y no le parece que eso es sólo una declaración de intenciones?

- Sí, pero antes ni siquiera teníamos una declaración de intenciones. Ahora ya están las bases para que se la Justicia tenga en los presupuestos la importancia que debe.

- ¿Y esa declaración de intenciones bastó para que FJI no apoyara la última convocatoria de huelga?

- No. Nosotros lo sometimos a votación y los asociados decidieron mayoritariamente que no a la huelga. Por una parte el Ministerio acaba de sacar un plan estratégico en el que nos conceden muchas de las cosas que habíamos reclamado, aunque no todas. Y por otra la APM no contó para nada con las demás asociaciones para convocar la huelga. Convocó el día que quiso y por los motivos que quiso. Por eso valoramos que la APM fue a la huelga para defender intereses particulares.

- "La Justicia universal es un disparate". ¿Podría explicar la frase?

- Es muy sencillo. El Derecho Internacional público se base en el principio de la soberanía del Estado, y mientras ése sea el principio ningún estado puede asumir competencias para juzgar lo que pasa en otro estado. Eso es algo deseable, que se está trabajando por otras vías, pero no es práctico ni operativo y se lleva un montón de recursos que en España hacen falta para otros temas, es que un juez español se dedique a juzgar a ciudadanos de otros países por hechos cometidos en otros países. Eso supone un despilfarro de recursos y problemas diplomáticos que además no llevan a ningún lado.

- Uno de los fines del FJI, según sus estatutos, es la defensa de la independencia judicial. ¿Tan cuestionada está que hay que defenderla?

- Sin duda. Y no en este país, sino en Europa. Las decisiones no se toman ni en el Parlamento ni en el Gobierno, se toman en la sede del partido político. Y esto no es ni bueno ni malo, es como es. Por tanto, el único lugar que queda al ciudadano para defender sus derechos es el Poder Judicial, y tiene que ser independiente. La clase política no quiere esa independencia, quiere libertad porque ha ganado las elecciones y piensa que eso le da derecho para hacer lo que le da la gana. En España tenemos un órgano clave, que es el CGPJ, controlado por los partidos políticos; tenemos un Tribunal Constitucional controlado por los partidos políticos; y tenemos que esos partidos políticos que controlan el Gobierno controlan el personal que trabaja en los juzgados y los medios materiales. Por tanto la situación es muy preocupante. La independencia judicial en España se ha debilitado mucho en los últimos tiempos, como ocurre en el resto de Europa.