M. REYES
Un jurado popular ha comenzado a enjuiciar por segunda vez a Francisco A. S., un policía del municipio grancanario de Mogán al que la Fiscalía de Las Palmas acusa de allanar la casa de una ciudadana británica y amenazarla. "Nunca fui a la vivienda de esa señora ni le revolví los cajones", sostuvo ayer el agente local, que ya fue juzgado y absuelto en febrero del año pasado por esos hechos.
Sin embargo, la Fiscalía Provincial recurrió la sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó la repetición del juicio tras anularlo, pues la Sala de lo Penal estimó la apelación al considerar que se le causó indefensión al ministerio público porque no se practicaron las pruebas propuestas.
Por ello Francisco A. S. se ha tenido que sentar de nuevo en el banquillo de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La fiscal Camino Fernández Arias solicita cuatro años de prisión por el allanamiento de morada; otros tres años por las amenazas y 12 años de inhabilitación.
La fiscal sostiene que el acusado se metió en casa de la víctima sin el consentimiento de ésta, le revolvió los cajones y la amenazó con "quitarle el pasaporte, ponerle las esposas y meterla en la prisión de Salto del Negro" si no devolvía 300 euros. El agente se había comprometido a recuperar ese dinero, supuestamente sustraído de un restaurante de Puerto Rico, en el sur de la Isla, donde trabajaba la víctima.
El policía admitió que se vio con los dueños del local y que medió para "arreglar el problema", pero negó que se metiera en la casa.
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