10 años de cárcel para un abuelo que abusó de su nieta

M. REYES
La Audiencia de Las Palmas ha impuesto diez años de cárcel a Cristóbal Pérez Moreno por abusar sexualmente de su nieta en repetidas ocasiones. El acusado fue juzgado la semana pasada y sostuvo ante los magistrados de la Sección Segunda que era inocente, pero el tribunal no le ha creído y lo ha condenado como autor de un delito continuado de abuso sexual.

Pérez Moreno, de 62 años y vecino de Gran Canaria, alegó en el juicio que la denuncia interpuesta por los padres de la niña era falsa y trató de echar la culpa de lo ocurrido a otro nieto, a la sazón hermano de la víctima, que tenía diez años cuando comenzaron los primeros abusos en 2004.

El acusado también declaró que todo se debía a una venganza familiar, según él para castigarlo por la relación extramatrimonial que mantenía con otra mujer. La amante, un hermano y un cuñado apoyaron esa versión, pero la Sección Segunda de la Audiencia Provincial la ha rechazado de plano al considerar que no se ajusta a la verdad.

De hecho, los magistrados señalan en la sentencia que la versión del procesado "no tiene la más mínima coherencia". Y es que Pérez Moreno admitió su culpabilidad ante juez de instrucción, pero en la vista oral celebrada el pasado miércoles se retractó. Luego intentó justificar ese cambio con el argumento de que quería proteger al mismo nieto al que ahora echaba la culpa. En concreto, el acusado dijo que admitió su responsabilidad para "salvar" al niño y "evitar" que fuera a un centro de menores.

Sin embargo, el tribunal considera que ese cambio de versión es una prueba más de la culpabilidad del procesado, pues "involucrar a un menor" en unos hechos de esa naturaleza sólo se explica por el "deseo desesperado de evitar las consecuencias de su gravísima conducta", razonan los magistrados.

Además, la sentencia concede plena credibilidad a la víctima. Los abusos comenzaron en 2004 y cesaron en 2008, cuando la niña tenía 14 años y le contó lo que sucedía a sus padres. El acusado se aprovechaba de la buena relación familiar para atentar contra la libertad sexual de la menor durante las vacaciones.

Pese a los años transcurridos se entiende que los abusos fueron constantes. Por ello la fiscal Cristina Ferrer solicitó una pena de 12 años por un solo delito de abuso sexual, mientras que el abogado de la acusación particular, Gabriel Morales, pidió 20 años de cárcel por dos delitos diferenciados. Al final ha sido condenado a 10 años de prisión, 15 de alejamiento y 30.000 euros de indemnización. La letrada de la defensa, Fabiola Suárez, tiene previsto recurrir el fallo.