Quesos patógenos

M. REYES La Fiscalía de Las Palmas solicita cuatro años de cárcel para los dueños de una quesería a los que acusa de causar la muerte de un vecino de Gáldar y dejar impotente a otro ciudadano de la capital grancanaria. Ambos consumieron quesos contaminados por gérmenes patógenos que les ocasionaron esas lesiones, según sostiene el fiscal Antonio Amor en su escrito de calificaciones provisionales.

Los hechos tienen su origen en la fábrica de quesos Buen Lugar, ubicada en Firgas. El fiscal considera que los responsables del negocio siguieron con la actividad "a pesar de conocer", en marzo de 2003, que la máquina de pasteurización "no reunía las condiciones de seguridad necesarias". Se trata de un aparato empleado para esterilizar la leche cruda y evitar que los gérmenes infecciosos pasen al queso elaborado. De hecho, según el ministerio público, la máquina funcionaba mal porque le faltaba una válvula de seguridad, cuya finalidad es garantizar el aislamiento de la leche virgen de aquella que ya ha sido tratada.

El fiscal añade que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se percató del problema y ordenó el cese de la actividad el 12 de marzo de 2003. Luego, el 18 de ese mismo mes, se realizó otra inspección y Sanidad retiró una pieza del pasteurizador para impedir que la máquina continuara funcionando. También se ordenó la inmovilización de los últimos quesos frescos fabricados.

Uno de esos productos, infectado con el germen Streptococus equi. Sub. zooepidemicus, fue comprado en un supermercado por Gregorio Suárez Montesdeoca, de 69 años y natural de Gáldar. El hombre falleció el 29 de abril de 2003 en el Hospital Doctor Negrín, después de consumir el queso y sufrir una infección que le causó diversos padecimientos.

Algo similar sucedió con A. V. M. Este vecino de la capital grancanaria, de 59 años, ingresó de urgencia en el hospital el 26 de marzo de 2003, según el fiscal porque se comió otro de los quesos y padeció una afección generalizada producida por la presencia en la sangre de microorganismos patógenos (septicemia). En este caso el paciente no murió, pero se quedó impotente al complicarse la operación quirúrgica a la que fue sometido.

Por ello el fiscal acusa a Mónica A. L. -propietaria de la fábrica- y Óscar L. V. -esposo y maestro quesero- de un delito de lesiones imprudentes en concurso ideal con un homicidio imprudente. También reclama 120.000 euros por la muerte y 200.000 por la disfunción eréctil.

Unas conclusiones totalmente contrarias a las de los abogado defensores, José Manuel Hernández y Mónica Beaumont, que solicitan la libre absolución de los dos imputados. Los letrados entienden que "no existe prueba o indicio alguno de que las muestras de leche o queso recogidas en la quesería estuvieran contaminadas por germen o bacteria alguna".

Y es que la defensa cuestiona esas pruebas, entre otros motivos porque en el procedimiento no consta el informe realizado por Sanidad con el resultado final de los análisis, según los abogados. Por ello han pedido al juzgado que el Gobierno regional aporte "el protocolo de actuación seguido, las medidas de seguridad tomadas y el control que se llevó a cabo para garantizar la cadena de custodia de las muestras".

En ese sentido, dos semanas antes del 11 de marzo de 2003, día en el que se cogieron las muestras, la máquina de pasteurización pasó una inspección y Sanidad certificó que funcionaba correctamente.