M. REYES
La Audiencia de Las Palmas comenzó ayer a enjuiciar a Antonio Calderín Suárez, un empresario de la construcción al que la Fiscalía Provincial acusa de estafar en 2002 a una treintena de personas. Se trata de clientes que adelantaron diferentes cantidades de dinero para comprar propiedades inmobiliarias en el sur de Gran Canaria y en la capital grancanaria, pero luego no obtuvieron los bungalós ni recuperaron el capital invertido.
Y es que ninguno de esos inmuebles era propiedad de Calderín, según sostiene el fiscal en su escrito de acusación. El ministerio público pide seis años de prisión para el empresario, una pena que también solicita para tres de sus empleados: Rosario M. P., Gregorio R. R. y José Antonio S. L. La acusación pública considera que todos participaron en las operaciones inmobiliarias, las cuales consistían en ofrecer inmuebles "a buen precio" con el argumento falso de haberlos adquirido en subastas judiciales.
Pero no es la primera vez que Antonio Calderín se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial. El año pasado ya fue sentenciado a cuatro años de prisión por estafar casi un millón de euros a un extranjero. En este caso fue por vender de manera fraudulenta ocho bungalós, también en el sur de Gran Canaria (San Bartolomé de Tirajana) y con el señuelo de las subastas, según declaró probado la Sección Segunda, cuya sentencia ya ha sido confirmada por el Supremo.
Ahora Calderín vuelve a ser juzgado por esas mañas inmobiliarias, aunque en esta ocasión la estafa parece masiva. Hay víctimas que dieron por adelantado el dinero de hasta seis alojamientos turísticos de golpe. Esos desembolsos siempre eran superiores a los 24.000 euros e inferiores a los 124.000 euros. El acusado negó ayer el delito de estafa continuada que le atribuye el fiscal y las acusaciones particulares. "Utilizaron mi nombre para firmar esos contratos", respondió el empresario en uno de los interrogatorios. "Nunca he tramado nada con esta gente". Calderín también fue sentenciado en 1999 por un delito de lesiones, pero el Consejo de Ministros lo indultó y no cumplió los tres años y medio de cárcel.