SALVADOR LACHICA/IDEAPRESS
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, consideró que "sí es necesario endurecer las penas por corrupción", tal y como ha decidido el Gobierno de España al aprobar la modificación del Código Penal para elevar el castigo de algunos delitos, sobre todo los fiscales y los relacionados con la corrupción urbanística. Castro Feliciano, aun recordando que ésa es "una decisión política", insistió en que el fin de las penas impuestas "no es solamente castigar al culpable, sino que sirva de prevención general para todos los ciudadanos con el fin de que no cometan esos delitos". Por ello, puso el ejemplo de que "el cohecho impropio [sobre el que se fundamenta el caso Gürtel] no puede ser castigado con tres meses de prisión sino con una pena más sustanciosa" que sea ejemplificadora.
El presidente del TSJC, que presentó en el Parlamento la Memoria Judicial del año 2008. también consideró que "es sano que se critique una resolución judicial, porque los magistrados podemos equivocarnos y nos puede servir para rectificar en el futuro", desechando que las críticas que han vertido el Gobierno y el PSC sobre varias sentencias del caso Tebeto sean una injerencia en el Poder Judicial.
"No es malo, lo perverso sería callarnos", afirmó, aunque sí quiso dejar claro que las críticas deben verterse sobre el órgano colegiado que dictó la sentencia y no sobre una persona determinada. "Una sentencia es criticable siempre que no se traspasen unos límites y se ofenda al tribunal", afirmó.
Por tanto, aseguró que no nota "tensión" entre ambos poderes a cuenta del caso Tebeto y pese a que el propio Gobierno regional denunció ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la magistrada Victoria Rosell por censurar públicamente la labor del Ejecutivo en el asunto de Tebeto.