Menores, acusada de vulnerar los derechos de los desamparados

LA PROVINCIA/DLP
La asociación Para los Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni) responsabiliza al actual jefe del Servicio de Protección de Menores de Canarias, Carlos Martín Esquivel, y también a la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, de la que depende, de la vulneración de los derechos que sufren menores que no reciben la debida atención.

En un comunicado de prensa, la asociación que preside José Luis Calvo pone como ejemplo de su denuncia los casos de una niña de 10 años de nombre ficticio Marta "que lleva cinco años esperando que el departamento de Martín Esquivel regularice su desamparo y le facilite el acogimiento en la familia extensa", así como el de una niña de dos años "que reside en un centro de menores desde que nació tras la renuncia de su madre a favor de la Administración, a la espera todavía de ser entregada en adopción".

Por otro lado, Prodeni reitera en la misma nota "el maltrato institucional" que sigue sufriendo la niña Piedad (nombre ficticio), a quien Bienestar Social impide establecer contactos con la familia que hace dos años se vio obligada a dejar en La Orotava por orden judicial.

Calvo explica que Marta -de la que tuvieron conocimiento tras la solicitud de ayuda a la asociación de una tía materna- es una niña de diez años y desde que tenía cuatro, en el año 2003, fue declarada en situación de riesgo por los Servicios Sociales de un ayuntamiento de Tenerife, después de que no pudieron trabajar con la familia porque el padre (es huérfana de madre) para eludir ser controlado optó por cambiar permanentemente de domicilio. Pese a que Protección de Menores tiene expediente abierto sobre la menor desde 2005, y pese a que la tía reclama su acogimiento desde septiembre de 2008 el caso aún no se ha resuelto. Ello incluso cuando el padre envió a la niña con la familia materna en febrero pasado y firmó en Menores la aceptación de acogimiento en abril. Ante la "incapacidad de Menores", señala la asociación, "la niña se encuentra en un limbo administrativo", a expensas de ser obligada a regresar con su padre y sin que su tía tenga derechos sobre ella.