T. G.
Según la Ley Integral del Menor, son los ayuntamientos los que tienen las competencias de declarar en riesgo a un menor, desde los cero años hasta los 18, así como de intervenir con los niños y las familias con actuaciones educativas y sociales y sesiones terapéuticas. El principal objetivo es evitar que muchos de estos niños acaben en la droga, la delincuencia o en un centro de acogida.
Los programas municipales de absentismo escolar, que fueron desmantelados hace dos años por el Ayuntamiento, según denunciaron los directores de centros escolares del Cono Sur, juegan un papel fundamental a la hora de detectar casos de riesgo. Servicios Sociales creó este año un nuevo servicio de atención primaria compuesto por trabajadores sociales y un psicólogo que son los que se encargan de la detección, valoración y derivación de los casos.
En total son 47 las personas dedicadas a atender estos casos en los distintos centros municipales de Servicios Sociales según el Ayuntamiento. A pesar de todo, los mismos trabajadores de Servicios Sociales, a través de varios sindicatos, reclaman desde hace años más personal para la detección y la atención de este tipo de casos al reconocer que son pocos.
"Si se detecta una situación de riesgo alto se derivan a los equipos territoriales de riesgo", explican las fuentes que añaden que "son múltiples los indicadores que reflejan que el menor no está teniendo la atención adecuada que propicie su desarrollo integral, porque la familia presenta carencias que les impide llevar a cabo su labor. Puede tratarse de una drogodependencia, de un problema mental, etc. En definitiva, de circunstancias que provocan que el niño esté desprotegido".
