LOURDES S. VILLACASTÍN
Trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeros y abogados reclaman a las administraciones públicas y a las familias de dependientes que impulsen los recursos y las acciones necesarias para que las personas en esta situación puedan llegar a tener una "autonomía personal". El objeto es que la ley de dependencia, aprobada hace dos años, no se convierta sólo en una ley de "ayudas económicas". Esta fue una de las principales recomendaciones que hicieron ayer los profesionales reunidos en el II Foro de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, organizado por el Diputado del Común, que se celebró en la Biblioteca pública del Estado de la capital.
En este sentido, Rocío Aguilar, vocal del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, asegura que muchas familias se limitan a solicitar dinero cuando tramitan la prestación porque es lo "primero que llega", debido a la falta en Canarias de plazas en residencias, centros de día, ayudas a domicilio o de otro tipo.
En esta misma línea se manifestó el vicedecano del Colegio de Abogado de Las Palmas, Javier Monzón, quien instó a las familias a que presenten recursos ante la Justicia y a utilizar el turno de oficio si la Administración ha rechazado la solicitud de prestación de ayuda.
Manuel Alcaide, Diputado del Común, por su parte, subrayó la importancia de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ya que acaba con la "caridad y con la beneficencia" pero que tiene una gran complejidad a la hora de aplicarse en Canarias. Entre otras cosas porque no hay "cobertura económica" y por el número de "administraciones públicas" que además no están coordinadas.