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Cáritas lanza una señal de alarma a las administraciones

"Sólo se puede continuar con estos servicios si hay apoyo", dice el director, Pedro Herranz

 

ELISA ARDOY
Más de 600 mujeres en riesgo o en situación de exclusión social dejarán de ser atendidas por Cáritas el próximo año si las administraciones públicas no aportan los recursos económicos necesarios. El Instituto Canario de la Mujer (ICM) ha sido el encargado de financiar tradicionalmente este programa, pero el pasado mes de julio denegó por primera vez la ayuda, dejando un déficit de 120.000 euros del que se hizo cargo el Cabildo de Gran Canaria.

Los responsables de los dos centros en los que se atienden a estas mujeres temen perder de nuevo la totalidad de la subvención del ICM en 2010 -decisión que se conocerá a mediados de 2010- y que ninguna institución se haga cargo debido a los nuevos recortes presupuestarios. De hecho las administraciones han informado de que otros programas de Cáritas van a contar con menos dinero, como el de Juventud, Inmigración o Drogodependencia.

"Cáritas no puede realizar sola este trabajo. Es competencia de todos. Sólo se puede continuar con estos servicios si hay apoyo", aseguró ayer el nuevo director de Cáritas Diocesana de Canarias, Pedro Herranz. Para garantizar la continuidad de estos proyectos, Cáritas ha puesto en funcionamiento una campaña bajo el lema Por nuestro compromiso con la mujer... ¿Necesitas más motivos?, con la que se pretende conseguir la colaboración también de la ciudadanía.

"Pedimos la colaboración para mantener abierto el servicio. Tenemos que defender el derecho de las más de 600 mujeres y sus familias", indica Rivero. "Las mujeres son las más desatendidas y vulnerables de la población. Es el colectivo con mayores tasas de pobreza. El 90% de las personas que llegan a las parroquias son mujeres que piden ayuda para ellas o para sus familias".

Cáritas lleva cerca de dos décadas trabajando con las mujeres más desfavorecidas de la sociedad canaria. Según la coordinadora de Acción Social, el cierre de los dos centros de Arenales y Jinámar dejaría a estas mujeres sin protección, ya que el resto de recursos similares están hoy en día saturados.

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