La ciudad asegura el pago de nóminas y la atención social

RAÚL GIL
La mayoría gobernante (PSOE y Compromiso) en la Corporación de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer la ratificación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2010 con una partida de 304 millones de euros. A pesar del montante, esta cantidad se empleará casi exclusivamente en asegurar nóminas y la prestación de servicios sociales, en garantizar servicios básicos como limpieza o cuidado de parques, en la supervivencia de Guaguas Municipales y en pagar gastos corrientes. La inversión de recursos propios en nuevos proyectos queda reducida prácticamente a los cuatro millones para la construcción del viaducto de Obispo Romo.

El director de gobierno de Hacienda, Benito Cabrera, reconoció ayer durante el pleno en el que se ratificaron las cuentas, que este era un presupuesto "austero" y adaptado a la época de crisis económica que atraviesa, entre otros, la administración municipal. "Este año disminuyen de forma alarmante los recursos con que se nutre el presupuesto municipal", dijo, "de los traspasos del REF, 6,4 millones menos; de los tributos del Estado, 15,4 millones menos; de la cesión del IRPF, 1,2 millones, y así hasta sumar 50 millones menos".

Con este panorama, el responsable de los dineros municipales aseguró que la prioridad para 2010 sería mantener los más de 6.500 empleos que dependen del Ayuntamiento (4.000 directos y 2.500 indirectos) y las políticas sociales, incluyéndose una partida extra de 1,5 millones destinada a ayudar a los más desfavorecidos a pagar la subida de impuestos que entra en vigor en 2010. "De no subir los impuestos nos veríamos obligados a eliminar los servicios sociales o a despedir a 700 trabajadores municipales", afirmó Cabrera.

El PP, por su parte, acusó al gobierno local de apretar el cinturón a los ciudadanos con más tributos en vez de apretárselo ellos y tachó al presupuesto de "ficticio" y "propio de un gobierno agotado" e incapaz de liderar a la ciudad. Por todo ello, el PP pidió la retirada del presupuesto para rehacerlo y aprobarlo con el consenso de todos los grupos políticos, propuesta que fue tumbada por la mayoría gobernante.