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LOURDES S. VILLACASTÍN. "Lo preocupante es el ambiente social, lo que pueda estar ocurriendo en esta sociedad, la falta de corresponsabilidad social en los procesos educativos, la pérdida de valores. A lo mejor nos hemos equivocado en algunas cosas, en las leyes sucesivas que regulan el ordenamiento educativo en España". Fue la reflexión que hizo ayer la consejera de Educación Milagros Luis Brito ante la pregunta de si existe un clima de violencia en las aulas, tras la polémica que ha suscitado la sentencia en contra de la menor que propinó un puñetazo e insultó a Esther Rodríguez, docente del IES de Teror.
La consejera, que hizo estas declaraciones durante la presentación de la firma del concurso público que garantiza el transporte escolar y los servicios complementarios a los escolares con necesidades educativas específicas, se negó a valorar la sentencia, que castiga a la menor con un año de libertad vigilada y a sus padres a una indemnización a la docente de 9.000 euros, al ser catalogada la agresión como un acto contra una "autoridad pública".
Luis Brito se negó también a contestar a las duras acusaciones de la docente Esther Rodríguez, que afirmó, en rueda de prensa, que no había contado con el apoyo de la Consejería durante el proceso.
"Sólo diré tres cosas. Nunca valoro las sentencias. Me enteré de la misma por el letrado de la comunidad que se presentó en la causa y esta Consejería trabaja para mejorar las garantías jurídicas de todas las personas", dijo.
"Creo que en lo que hay que trabajar es en la prevención, en el clima adecuado para desarrollar el proceso educativo y no tengo ni la más mínima duda de que el profesorado canario está trabajando y se está formando para desarrollar estrategias que le permitan manejar situaciones compleja", añadió.
Si negó "rotundamente" Luis Brito, no obstante, que se coaccionara a los docentes para que no denunciarán agresiones de los alumnos. Y señaló, respecto a la existencia de casos en otras islas que están en vía judicial, que con que haya "un sólo caso entre los 25.000 docentes que trabajan en Canarias es motivo de atención por parte de esta Consejería".
La consejera subrayó al respecto que desde el Ejecutivo canario se han puesto en marcha varias medidas para prevenir actos de este tipo en las aulas como, por ejemplo, el Decreto de Convivencia "que estará aprobado en este primer trimestre"; o también para asistir a los maestros y profesores en caso de ser víctima de agresiones, como es la firma de un protocolo de actuación con la Fiscalía de Canarias y la negociación con los colegios de abogados de una asistencia jurídica.
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