Guanarteme, barrio de sentencias

RAÚL GIL / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el estudio de detalle que permitía una torre de 13 plantas en la zona llamada Gran Guanarteme (junto al centro de salud y la circunvalación) es sólo la punta de lanza de una acumulación de sentencias contrarias al planeamiento diseñado por los últimos gobiernos municipales que los jueces han tumbado en repetidas ocasiones. De la docena de sentencias falladas o ejecutadas en los últimos años más de la mitad, siete en concreto, se refieren a planes urbanos de Guanarteme y El Rincón.

La anulación del estudio de detalle del Gran Guanarteme es la secuela lógica de una sentencia anterior que ya anulaba la construcción de la torre de 13 plantas al eliminar la unidad de actuación (UA) que la amparaba. Si bien el Gran Guanarteme se enmarca dentro del ambicioso proyecto de ampliación de Mesa y López que recoge el Plan General de Ordenación (PGO) desde 1989, fue un gobierno del PP el que ofreció a Fadesa el estudio de detalle ahora anulado nada más conocerse la sentencia que eliminaba la UA original.

También herencia del PGO del 89, aunque estallaron durante los 12 años de gobierno del PP, fue la anulación de la UA número 9 (un rambla con edificios entre plaza de América y la playa) y el caso Valdemar, que originó otra indemnización a la administración pública.

Otro caso judicial llamativo dentro de Guanarteme fue el del solar de Pavía, un contencioso que también nació durante el último mandato del PP, gobierno municipal que cambió el uso deportivo de la parcela que había decretado Emilio Mayoral (PSOE) en 1994. Precisamente fue el gobierno de Mayoral el que decidió expropiar suelo para el instituto El Rincón, un pleito que aún no se ha resuelto ya que los antiguos propietarios siguen reclamando el pago del terreno al Ayuntamiento.

Tampoco escapa a esta cascada de pleitos por desmanes urbanísticos el nuevo gobierno socialista de Jerónimo Saavedra ya que fue al inicio de su mandato cuando se originó la demanda de cinco millones de euros por la expropiación de una antigua nave industrial en El Rincón.