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Tribunales

Comisiones en el servicio de seguridad del Cabildo

Una demanda por despido improcedente acaba por descubrir pagos por servicios no realizados

 
Sede del Cabildo de Gran Canaria, en la calle Bravo Murillo de la capital.
Sede del Cabildo de Gran Canaria, en la calle Bravo Murillo de la capital.  LA PROVINCIA/DLP

PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Una trama de cobro de comisiones en torno al servicio de seguridad del Cabildo de Gran Canaria ha quedado al descubierto, negro sobre blanco, en una sentencia por despido improcedente de un vigilante. El titular del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Ramos Campodarve, lejos de estimar la petición de despido improcedente de Alexis González Melián contra la empresa Seguridad Integral Canaria, detalla cómo se apuntaban servicios que no se realizaban a cambio de comisiones para, al final, cobrar a la empresa, y por extensión al Cabildo, importantes sumas de dinero en las nóminas de los trabajadores.

Tras una investigación interna realizada por la propia empresa Seguridad Integral Canaria, que concluyó con el despido de cinco trabajadores, se tuvo conocimiento de que el coordinador de servicios de la empresa (uno de los despedidos) José Ángel García Martín, cobraba comisiones a cambio de apuntar horas de servicio que no se realizaban. Tres de los vigilantes reconocieron los hechos y dos técnicos de la corporación (Adrián del Pino Sánchez y Carlos Gutiérrez Cárdenas) testificaron a favor del vigilante que presentó demanda por despido improcedente contra la empresa, pero el juez no ofreció credibilidad alguna a sus testimonios.

Así las cosas, en el apartado de hechos probados de la sentencia se recoge que "el coordinador de servicios, José Ángel García Martín, percibió de varios vigilantes adscritos a los servicios del Cabildo, cuanto menos de tres de ellos (despedidos y que reconocieron los hechos) cantidades como contraprestación por realizar los cuadrantes apuntándoles horas y servicios no realizados", explica el fallo, que apunta además que "esta cantidad no era fija, aunque podía oscilar de media entre los 1.000 y los 1.500 euros mensuales por vigilante".

"Tal cantidad se pagaba al coordinador, a requerimiento de éste y en efectivo, salvo en alguna ocasión en que se realizó transferencia bancaria". Tras la sentencia del juzgado de lo social, Seguridad Integral Canaria prepara una querella por estos hechos.

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