LOURDES S. VILLACASTÍN
Mediados de septiembre. Ésta es la fecha que dio ayer el consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, para que 11 años después de su cierre como centro sanitario, la segunda fase del antiguo hospital del Pino esté operativa -excepto una planta para discapacitados intelectuales-, por discrepancias con el Gobierno de Canarias-. La institución insular homenajeó ayer a los miembros de a plataforma El Pino es Nuestro que, con sus protestas, consiguieron que el edificio tuviera uso sociosanitario.
Las cinco nuevas plantas -de la seis a la 11- cuentan con un total de 395 plazas para uso de personas discapacitadas y mayores y serán abiertas al público durante un periodo de tiempo para que los ciudadanos comprueben dónde se ha invertido el dinero.
"Los servicios públicos se aprecian cuando se reconocen como propios. Esto es una conquista colectiva", dijo el consejero en un acto en el que se descubrió una placa en honor de la plataforma y en el que estuvieron presentes el presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, y el vicepresidente de la institución, Román Rodríguez.
José Miguel Pérez explicó que la obra ha sido sufragada por la institución insular -15 millones de euros-; el Gobierno de Canarias -tres millones- y el Estado -1,8 millones-. "La licitación de la obra se hizo sin ajustar el coste y el tiempo real por lo que ha habido que aumentar los recursos y armarse de paciencia", dijo. Pérez añadió que el Cabildo no tiene recursos para adecuar la séptima planta y que debe ser el Gobierno el que lo haga.