Ramírez: ´El club necesita espacio´

MIGUEL M. GUEDES
El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, asegura que el Cabildo le ofreció el edificio sin terminar del frente de la grada Naciente del Estadio de Gran Canaria para que pudiera explotarlo, "y no al revés". El mandatario del club sí admite que fue suya la propuesta de destinar a hacer las obras necesarias para rehabilitar el inmueble el canon que la entidad paga a la institución por el uso del recinto de Siete Palmas, de 435.000 euros anuales hasta 2027, según el convenio firmado por ambas partes en 2007. En realidad, esta cantidad tampoco la ingresa la administración insular, sino que se deja en manos de la entidad amarilla a cambio de promocionar la Isla en la Península a través las camisetas de los jugadores.

"El consejero de Deportes [Óscar Hernández] fue quien nos ofreció el edificio", explica Ramírez. "Entonces le presentamos el proyecto Azul y Amarillo para instalar allí a las peñas, el museo del club, las oficinas, la tienda y Radio UD". Según el presidente, la entidad sólo explotaría "un espacio para poner un pequeño restaurante y una clínica de rehabilitación que nos reportaría 60.000 o 70.000 euros al año, no más".

Pero la obra de rehabilitación del edificio, "porque yo no tengo dinero", abunda el presidente, "se pagaría con el dinero del canon". En total, precisa Ramírez, los trabajos costarían unos 6,5 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que suman los 17 años que quedan de vigencia del convenio entre la UD y el Cabildo. En su opinión, la propuesta "beneficia a las dos partes, ya que "el club necesita espacio para sus oficinas porque tenemos que reformar la sede de Pío XII y, de paso, estaríamos contribuyendo a enriquecer el patrimonio de la Isla con la puesta en servicio de un edificio que está sin acabar desde que se inauguró el Estadio", agrega.

La UD, indica Ramírez, "no quiere plantear conflictos ni exigencias al Cabildo", sino "una ampliación del convenio que tenemos firmado". Este detalle, asegura el presidente, permitirá una negociación "aunque estemos sometidos a intervención concursal", que impide las contrataciones con administraciones públicas.