La mesa de contratación del Ayuntamiento adjudicó ayer a la empresa Ralons, propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, la gestión del servicio de escuelas infantiles municipales por un importe de 46,6 millones durante los próximos diez años. La oferta más barata, presentada por la empresa constructora Lorty, fue desestimada al considerar el informe realizado por los técnicos de Educación que el precio ofertado no cubre el coste del servicio, "ni siquiera aplicando los supuestos y los costes aplicados por el licitador".
Lorty ofertó sólo 38 millones, frente a los 50 millones del precio de licitación del concurso, pero no ha incurrido en baja temeraria. En tercer lugar quedó la tercera aspirante la empresa andaluza Nova School, que realizó la oferta más cara.
La adjudicación provisional, que ahora tendrá que ser ratificada por la junta de gobierno, se realizó poco después de las dos de la tarde y después de que el jefe de servicio de Educación tuviera que presentar un segundo informe, ya que el resto de técnicos presentes en la mesa consideraron que el primer estudio en el que se desestimaba la oferta de Lorty y se apostaba por Ralons no estaba lo suficientemente motivado de cara a los probables recursos que recibirá el polémico concurso en los tribunales. De hecho, después de una reunión de más de una hora en la que se analizó el informe, se acordó dar un receso de una hora para que el técnico de Educación hiciera un segundo informe.
En cualquier caso la adjudicación a Ralons, que como se recordará cambió su objeto social doce días antes para poder presentarse al concurso de las guarderías, fue adoptada por unanimidad de todos los miembros, excepto la concejala del Partido Popular (PP), Pepa Luzardo, que desde que pasó a la oposición se niega emitir su voto en las mesas de contratación, porque no quiere ser copartícipe de adjudicaciones, cuyos entresijos no puede controlar por falta de información.
El informe complementario de Educación, en el que se afirma que se requirió a Lorty una explicación de su oferta económica, es demoledor. Así, asegura que ha reducido el personal necesario para gestionar las nuevas guarderías y no ofrece datos técnicos que avalen su propuesta de poner en marcha una política de fomento de jubilaciones del personal para ahorrar más de tres millones de euros.
Sabroso expresó su temor de que el concurso acabe en los tribunales. De hecho, la Asociación de Centros de Educación Infantil (Aceilas) ya ha anunciado que recurrirá el concurso, al considerar que no está justificado el procedimiento de urgencia, y Vanyera-Marpe, actual concesionaria, también se lo está planteando.
La concejala de Educación, Marcela Delgado, se limitó a decir que espera que a final de mes se realice la adjudicación definitiva.
