M. REYES / A. J. FERNÁNDEZ
La juez que instruye el caso de la enfermera envenenada ordenó ayer el traslado desde la prisión de Salto del Negro del principal acusado de la causa, el esposo de la víctima y también enfermero de profesión Iván R.A., con el fin de inventariar el arsenal de medicamentos que la policía incautó en el domicilio de la pareja. Además, la instructora tomó declaración como testigos a dos médicos que atendieron a Laura González Aróstegui antes de que muriera en el Hospital Insular el pasado 11 de julio.
La presencia de Iván, que trabajaba como enfermero en el Hospital Insular, era necesaria para proceder en su presencia a la apertura de las cajas con medicamentos que el Cuerpo Nacional de Policía intervino en la casa de la pareja, ubicada en el barrio de La Pardilla, en Telde, y proceder a su inventario. Se trata al menos tres cajas plásticas repletas de fármacos y prospectos que centran las sospechas de los investigadores.
Además, en sede policial, los médicos han declarado que Iván se encargaba del cuidado de su pareja de manera exclusiva. La enfermera estuvo ingresada en tres ocasiones durante los últimos tres meses. La última vez en el Hospital Doctor Negrín, en donde trabajaba, hasta que su marido realizó varias gestiones para trasladarla al Insular, en cuyas instalaciones falleció el domingo día 11.
Los análisis hechos en el hospital, que están pendientes de ser confirmados por otras pruebas forenses más exhaustivas, revelaron que la enfermera murió por una combinación de medicamentos y de talio. Los médicos también han declarado a la policía que la patología sufrida por Laura González Aróstegui era una incógnita, pues nunca se dio con la causa de su mal, y siempre empeoraba cuando recibía el alta y regresaba a su hogar.
Asimismo ha negado que tuviera una amante, una línea menor de investigación seguida por la policía. Los investigadores se incautaron del ordenador portátil de Iván R. A y lo han chequeado durante estas semanas.
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