Los vecinos impugnarán el Plan General ante el Gobierno

El colectivo recuerda al PSOE que el uso residencial del Canódromo también está anulado por el juez

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Imagen de una de las dos torres de 15 plantas del Canódromo, en la calle Obispo Romo del barrio de Schamann. i ADOLFO MARRERO
Imagen de una de las dos torres de 15 plantas del Canódromo, en la calle Obispo Romo del barrio de Schamann. i ADOLFO MARRERO  

T. G./M. M. G.
La asociación de vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) impugnará la adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) ante el Gobierno de Canarias, por incluir el uso residencial en la esquina del Canódromo, pese a estar anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Los vecinos pretenden con esta impugnación que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) obligue al Ayuntamiento a obedecer a los tribunales y elimine el uso residencial que figura en la ficha del PGO del año 2000, que pretende recuperar ahora el gobierno local, pese a que también fue anulada. "Se están saltando la legalidad", dijo ayer la presidenta de Avecalta, María Ángeles Sánchez, quien acusó a los socialistas de recurrir al "chantaje emocional de los ciudadanos, al decirles que si no incluyen la ficha del Canódromo habrá que pagar. Están enfrentando a unos vecinos con otros".


"Sólo pedimos que se devuelva a la zona el uso como espacio libre que tenía antes de que fuera recalificado" a espaldas de los ciudadanos, sostuvo. "El Ayuntamiento tiene la obligación de obedecer las sentencias, eliminar esa ficha del PGO de 2000 porque está anulada y esperar a que se pronuncie el Supremo. Lo contrario es una ilegalidad y una inmoralidad", dijo Sánchez, que acusó a los socialistas de permitir que los "culpables se vayan de rositas por no investigar" las irregularidades.


El Ayuntamiento, en todo caso, se arriesga a que el Plan pueda ser retirado en la Cotmac cuando lo debata dentro de algunos meses. El artículo 32.2b del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias establece que los ayuntamientos deben acometer una "ordenación completa" de su planeamiento, cuestión que no concurre en el caso del Canódromo, que queda en suspenso en el documento que se aprueba hoy, señalaron ayer a este periódico fuentes jurídicas.

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