Los delitos que afectan a 23 víctimas quedarán impunes

M. REYES
No todas las víctimas del caso del kárate que aparecen en el auto de procesamiento podrán solicitar a la Audiencia Provincial de Las Palmas -será el tribunal encargado de juzgar los hechos- una reparación del daño causado por los presuntos abusos sexuales cometidos por Fernando Torres Baena y otros tres profesores de su escuela de kárate, ubicada en la calle Juan Carló de la capital grancanaria. El juez instructor, Miguel Ángel Parramón, ha determinado en su auto la existencia de 61 perjudicados, pero hay 40 delitos prescritos que afectan a 23 de las víctimas, las cuales no podrán exigir un resarcimiento en el juicio porque los supuestos abusos quedarán impunes.


El magistrado procesó el pasado jueves a la secta del kárate por 113 delitos que atañen a 38 víctimas, entre abusos sexuales continuados y corrupción de menores. El principal imputado en la causa es Fernando Torres Baena, propietario del gimnasio que lleva su nombre. Luego le siguen su pareja sentimental, María José González Peña, y los también profesores de kárate Ivonne González Herrera y Juan Luis Benítez Cárdenes.


Los hechos investigados se remontan a más de 20 años atrás, y la pena máxima prevista en el Código Penal para el delito más grave es de 12 años y medio de cárcel, motivo por el que muchos de los abusos relatados por los alumnos de la escuela, todos menores en ese entonces, están prescritos.


De hecho, sólo Torres Baena tendría extinguidos 18 abusos sexuales continuados y 14 corrupciones de menores, al tiempo que sí podrá ser acusado de 55 delitos por la Fiscalía Provincial de Las Palmas y por el abogado de las víctimas. El resto de cargos recaen sobre Ivonne González (29 delitos), María José González (26) y Juan Luis Benítez Cárdenes (tres).


También las defensas tienen previsto presentar los correspondientes recursos de reforma ante el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Si son desestimados, será la Audiencia de Las Palmas la que tenga la última palabra. El fiscal y el abogado José María Palomino no recurrirán.