El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado un auto en el que rechaza la solicitud de la asociación de vecinos Ciudad Alta de derribo de las torres del Canódromo y remite a la sentencia que emitirá el Tribunal Supremo al respecto.
Según informó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en un comunicado, esta ha sido la posición mantenida por el grupo de gobierno municipal "bajo el criterio de prudencia y de defensa de los intereses de la ciudad".
El auto, emitido ayer, ha sido valorado por el concejal de Ordenación de Territorio, Néstor Hernández, quien ha manifestado su "respeto y acatamiento" de la decisión judicial.
Añadió que este auto evidencia que la línea marcada por el grupo de gobierno "basada en la prudencia y en la defensa de los intereses ciudadanos, ha sido la correcta", explicó Hernández.
Destacó que la ciudad "no podría hacer frente a las consecuencias económicas que se derivarían si el Ayuntamiento ejecutara una sentencia que todavía no es firme y el Tribunal Supremo obligara finalmente a indemnizar a la empresa Realia".
Según el comunicado del Ayuntamiento el auto declara que no hay lugar a la medida interesada por la parte demandante consistente en ordenar Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a la codemandada Realia Business, a que procedan a la demolición de las obras "hasta que por el TS se dicte resolución decidiendo definitivamente sobre la nulidad del Plan Especial el Canódromo y del PGOU de Las Palmas de Gran Canaria en lo que afecta a este"
