La Justicia canaria declara intocable el Canódromo hasta que hable el Supremo

R. G.
No se puede mover una piedra en el Canódromo. Así lo considera la Justicia canaria, que con dos autos de julio pasado acaba de paralizar dos intervenciones solicitadas para la parcela donde se erigió una de las dos torres de 15 plantas previstas: por un lado, la demolición, y por otro, lo contrario, la continuación de las obras. Los jueces canarios advierten de que hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la nulidad o no del Plan Especial, todo lo que se quiera hacer allí está totalmente vetado.

En el primero de los autos conocidos ayer, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 deniega a la asociación de vecinos Avecalta su reclamación para que se derribe la torre de 15 plantas levantada en el solar del Canódromo. Pretendían estos vecinos que se ejecutara así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declara nula la licencia de obras que permitió edificar el armazón del edificio que es visible en toda Ciudad Alta. "La sentencia cuya ejecución se pretende efectivamente declara la nulidad de la licencia, pero no lo hace porque infrinja la legislación urbanística, es decir, por motivos intrínsecos a la propia licencia, sino porque entiende que la normativa en cuyo contenido se fundó aquellas es nula", recoge la resolución.

Por otra parte, el TSJC también comunicó ayer otro auto que, esta vez sí, le da la razón a Avecalta en contra del Ayuntamiento y de Realia. Ambos apelaron juntos contra una resolución judicial que declaraba la paralización de las obras que se llevó a cabo el año pasado. Su fin era que el TSJC impusiera su criterio y levantara la prohibición para seguir con la construcción y acabar las dos torres con 120 viviendas previstas por Realia.

El fundamento de la Sala es el mismo del Juzgado que deniega la demolición de la torre: no se toca una piedra hasta que el Supremo hable. "Nos encontramos con el parámetro de periculum in mora, que determina que esta sala debe evitar la consolidación de una previsión urbanística en una zona que ha sido declarada ilegal por este tribunal", recoge el auto.