El abogado del Estado avala la detención de la esposa de un general del Ejército

PEDRO GUERRA La Policía Nacional actuó conforme a derecho cuando procedió a detener a la esposa de un general del Ejército de Tierra por un delito contra la seguridad vial. Así se recoge en un informe del abogado del Estado que se solicitó para intentar aclarar el conflicto generado entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el Ejército de Tierra tras la detención, el pasado 25 de junio, de la mujer del general Francisco Martín Alonso, que se metió con su vehículo por dirección prohibida en la carretera del Centro y estuvo a punto de arrollar a al menos tres vehículos. Uno de ellos, el del inspector jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional, Eduardo Belda.



Como informó este periódico en su edición de ayer, la Policía Nacional procedió a la detención de María Esther Vaquero Martín, profesora del Colegio Heidelberg y esposa de uno de los máximos mandos del Ejército de Tierra en Canarias, después de que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico se negaran a ello al considerar que los hechos (conducir casi dos kilómetros en sentido contrario por una autovía y poner en peligro la vida de varios conductores) eran únicamente motivo de una sanción administrativa. Ante esa situación, el inspector implicado en el incidente procedió a llamar a una patrulla de la Policía Nacional que, tras personarse en el lugar de los hechos y estudiar los circunstancias, detuvo a la conductora.



Según consta en un informe del abogado del Estado, la actuación de la Policía Nacional está perfectamente amparada en la ley, pues este cuerpo tiene plenas facultades para actuar en delitos contra la seguridad del tráfico.



Además del escrito del abogado del Estado, otros informes de la Brigada de Policía Científica y de Seguridad Ciudadana constatan que, tanto el inspector Eduardo Belda -implicado en el incidente- como los agentes que se personaron en el lugar de los hechos actuaron conforme a la Ley cuando detuvieron a la esposa del general del Ejército de Tierra, que dos días después de la detención reconoció los hechos y acordó una sentencia de conformidad con el fiscal instructor de las diligencias.



A pesar de ello, una carta enviada por el general jefe de la Guardia Civil a la jefa superior de Policía pedía "tomar medidas" contra "el personal implicado" por haber detenido a la esposa del general del Ejército.