Crucero fallido

A. RAMÍREZ / J. BOLAÑOS. Las 26 personas afectadas (14 mayores y 12 niños) ultiman la presentación de una denuncia ante los tribunales para conseguir que, por lo menos, se les devuelvan los 30.000 euros entregados toda vez que la Consejería regional de Turismo les ha comunicado que realizará una inspección, pero que no tiene competencias para resolver la devolución del dinero, puesto que se trata de un asunto penal o civil.

Esta rocambalesca historia se inició en noviembre del año pasado cuando estas siete familias decidieron contactar con la agencia Primer Evento, sita en la calle Olof Palme de la capital grancanaria, de cara a formalizar un crucero por el Báltico para el mes de julio. Entre enero y junio le abonan a la entidad una media de 4.300 euros cada una de ellas en tres plazos. En varias ocasiones le solicitan al gestor Silvio Lazo los localizadores de las reservas y contratos por escrito, quien les indica que por tratarse de un grupo la documentación se entregaría al final.

El 13 de julio, a menos de dos semanas para surcar el Báltico y visitar sus bellas ciudades, son informados de que "por un error de reserva" no podían realizar el crucero. "La persona con la que gestionamos el viaje, el señor Silvio Lazo, desaparece, y en su lugar nos atiende Vanesa Sánchez, administradora de la empresa, quien asume el fallo y nos entrega un escrito reconociéndolo, compremetiéndose a devolvernos el importe pagado antes de 31 de julio, y llega a ingresar a cada familia un 25 % del dinero desembolsado", explicó ayer Elena Cortés, una de las afectadas por el incumplimiento de esta agencia de viaje.

Pero esta buena disposición inicial por parte de la empresa terminó ahí porque a fecha de hoy "no sólo no nos han abonado el 75 % restante de nuestro dinero, sino que tenemos el firme convencimiento de que no lo vamos a ver más, ya que la administradora de la empresa nos ha confirmado que nunca llegó a realizarse nuestra reserva por Silvio Lazo y que no tiene dinero para pagarnos", añadió esta afectada.

Por su parte, Silvio Lazo asumió ayer que hubo un error por parte de la agencia en la tramitación de los billetes, debido a que se habían realizado hasta tres modificaciones de fecha por parte de los clientes. Lazo señaló que en la última modificación se había reservado para el 25 de agosto, cuando la intención de las familias era ir en julio. Cuando se dan cuenta hablando con los afectados del problemas, tratan de solucionarlo, apunta, pero no encuentran plazas disponibles. Elena Cortés aseguró que no cambiaron de fecha, sino que fue la agencia la que les ofreció ir en agosto, a lo que se negaron, pues habían previsto las vacaciones en julio.

Lazo reconoce que se les ha devuelto el 25 % del dinero entregado, y que había un compromiso para ir devolviendo el resto en sucesivos meses, ya que tenían problemas de liquidez internos en la agencia. Pero el empresario informó de que, desde entonces, ya no está en la empresa, por discrepancias con los tres accionistas restantes.

Señala que está intentando resolver en el juzgado el litigio que mantiene con el resto de socios, pero afirma que él no tiene capacidad para acceder a las cuentas y que los pagos se realizaron con tarjeta de crédito. Dice que tampoco tiene acceso a la agencia y que ha tenido graves problemas de salud por todos estos conflictos. Vanesa Sánchez, por su parte, consultada ayer por LA PROVINCIA / DLP, desestimó hablar.

Elena Cortés y las otras familias han presentado durante agosto reclamaciones de forma individual a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ante este crucero fallido.

Desde la Jefatura de Negociado de Inspección de la Dirección General de Ordenación y Promoción del Turismo del Gobierno de Canarias se les ha informado de que realizará una inspección para conocer los hechos pero les ha indicado que la Administración "es incompetente por tratarse de un tema civil que debería plantearse en los tribunales ante la falta de acuerdo entre las partes".
Las siete familias, algunas de las cuales se quedarán sin viaje este verano, ultiman con su abogado la presentación de la consiguiente denuncia estando por decidir si acuden por la vía civil o por la vía penal.