División en las cúpulas de la Policía y Guardia Civil en Madrid

JOAQUÍN ANASTASIO - MADRID. La Dirección General de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fue ayer incapaz de aclarar y poner luz sobre la división de criterios en el seno de los cuerpos de seguridad del Estado en Canarias respecto a la competencia para instruir el caso de la esposa de un general detenida por conducción temeraria en junio pasado. Es más, los responsables de cada una de las secciones (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) de esta dirección general única hacen lecturas contrapuestas del escenario que puede haberse creado en las Islas por el procedimiento abierto y se muestran divididos al respecto.

Aunque en la sede central de la cúpula policial portavoces de ambos cuerpos aseguraron desconocer los hechos concretos que han provocado un conflicto de competencias en relación con el caso mencionado, desde una y otra instancia se defiende la capacidad de sus respectivos compañeros para actuar.

Tanto el portavoz de la Policía Nacional como el de la Guardia Civil hicieron lecturas favorables a las posiciones de sus respectivos compañeros en la capital grancanaria en relación con el polémico arresto policial de María Esther Vaquero, esposa del general del Ejército de Tierra Francisco Martín Alonso por conducir durante dos kilómetros por dirección contraria en junio pasado.

Desde la sección de la Guardia Civil de la dirección general, su portavoz aseguró que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "establece claramente que los delitos relacionados con la seguridad vial son competencia exclusiva" del instituto armado y que la instrucción del caso, que insistió en desconocer, correspondería por tanto a sus compañeros en la capital grancanaria.

LA CARTA DEL GENERAL. Además, este portavoz señaló que si el propio general jefe de la Guardia Civil en Canarias, Miguel Martínez, "asesorado por su gabinete jurídico", ya había tomado la iniciativa reclamando la competencia de la instrucción y enviando sendas cartas a la delegada del Gobierno, Carolina Darias, y a la jefa superior de la Policía en las Islas, Concepción de Vega, reclamando medidas contra el funcionario policial responsable de la detención, desde esta sección de la Dirección General "apoyamos totalmente la actuación de nuestro jefe en Canarias".

Este portavoz remitía indirectamente de esta forma a la propia argumentación del general Martínez en la mencionada carta, en la que señalaba que "ninguna norma habilita a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, ni técnica ni jurídicamente", a instruir diligencias por un delito contra la seguridad del tráfico.

Sin embargo, la otra sección de la Dirección General, la de la Policía Nacional, defiende la actuación del inspector Eduardo Belda (jefe de Homicidios de la Policía Nacional en Las Palmas), que casi se convierte en víctima de tráfico de la esposa del general y que hizo la detención y realizó el posterior atestado. "Si el inspector considera que se estaba cometiendo un delito, su obligación era actuar. La Policía Nacional es una policía integral y tiene competencias para actuar allí donde se esté vulnerando la ley", afirmó este portavoz.