Las 400 guarderías privadas de Canarias se verán obligadas a realizar antes del próximo curso, si no lo han hecho ya, una inversión mínima de 6.000 euros para adaptar sus instalaciones a la nueva normativa del Gobierno canario que regula los requisitos de los centros que atienden a niños con edades comprendidas entre cero y 3 años. El decreto aprobado en 2008, que regula el primer ciclo de la Educación Infantil obliga a escuelas públicas y privadas a aumentar el espacio de las aulas (30 metros como mínimo) y patios de recreo, aumenta el control sobre los requisitos relacionados con la seguridad (salidas de emergencia) y accesibilidad (eliminación de barreras) y establece nuevos requisitos como la obligatoriedad de contar con un sistema que garantice la protección de los datos de alumnos y padres.

También establece la obligatoriedad de contar con maestros especializados en Educación Infantil y se obliga a los centros educativos a contratar un asesor alimentario que supervise en visitas periódicas sin aviso previo que la dieta de los niños es la adecuada. Los centros que aún no lo tengan deberán concretar en un proyecto educativo su modelo de gestión organizativa y pedagógica. Todo el personal deberá estar formado en materia de higiene de los alimentos.

Las escuelas deberán tener redondeadas todas las esquinas, por ejemplo, para evitar accidentes en los enanos. De hecho, el incumplimiento de requisitos como éste ha impedido la homologación y el consiguiente permiso de apertura de varias escuelas infantiles puestas en marcha este año por el Ayuntamiento de la capital grancanaria.

Los centros de nueva creación, sean públicos o privados, tienen que cumplir todos y cada uno de los nuevos requisitos para poder contar con el permiso de apertura, pero las 400 que funcionan desde hace años disponen de un periodo transitorio para adaptar las instalaciones y a sus profesionales, que concluirá en el plazo de un año.

REQUISITOS. Si no cumplen los nuevos requisitos se verán abocadas al cierre, aunque el decreto es bastante flexible, según reconocen la propia Asociación de Centros de Educación Infantil de Las Palmas (Aceila), en algunas cuestiones como las ratios y mezclas de edades en las escuelas rurales o incluso urbanas que por sus especiales características no puedan adaptarse.

María Jesús Vera, presidenta de Aceila, se queja de que el decreto ha llegado en el peor momento para las guarderías, ya que los pequeños centros educativos, que suelen tener entre 30 y 70 alumnos, intentan sobrellevar a duras penas la reducción de alumnos que ha provocado la crisis, a lo que se añade este gasto extra. "Aún en los casos de los centros que cumplen todos los requisitos, tendrán que contratar a un arquitecto para que revise la instalación. El sistema de protección de datos supone 2.000 euros al año y la contratación del asesor alimentario que controle los alimentos, supone un mínimo de 115 euros cada mes", señala.

En cualquier caso, el requisito más duro de cumplir para las escuelas es el del aumento del espacio por alumno, que pasa de 1,5 a dos metros por niño. Los que tengan espacio, explica, podrán ampliar las aulas, pero los que no, se verán obligados a reducir el número de alumnos, ya que el 90% de las escuelas son viviendas adaptadas.