De quién son las fincas? Ésa es la gran pregunta que pone en cuestión la reclamación al Ayuntamiento de 170 millones de euros por parte de unos particulares que aseguran ser los dueños de las parcelas que se quedarían afectadas por el Parque de la Música. La pregunta no tiene fácil respuesta, ya que desde hace 80 años la administración y los particulares no se ponen de acuerdo sobre quién tiene los derechos de explotación del barranco de Tamaraceite. Lo cierto es que al menos los espacios libres junto a la carretera de Chile y las laderas a que se alongan las viviendas ya tienen acreditado el título de propiedad. Otra cosa es la parcela del cauce.

Aunque los reclamantes exhiben ese título del Registro de la Propiedad, desde el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, organismo que gestiona los cauces de todos los barrancos de la Isla, se alega que se encuentra en un dominio público hidráulico y, por lo tanto, no pueden estar en manos privadas.

La confusión se generó a finales de los años 20 del siglo pasado, cuando el Ministerio de Fomento, que entonces ostentaba las competencias en materia hidráulica en las Islas, repartió concesiones a una conocida empresa familiar para que explotara las tierras del lecho del barranco con fincas de plataneras. A cambio, la empresa se comprometía a construir dos presas que nunca se hicieron.

Con el paso del tiempo esas concesiones se disgregaron entre varios empresarios y a mediados del siglo pasado algunos de ellos las inscribieron a su nombre en el Registro de la Propiedad. El Consejo Insular recuerda que una concesión pública "nunca" puede registrarse a nombre de un particular salvo que la administración competente haga una desafectación del terreno, circunstancia que nunca se produjo.

Así se llega al siglo XXI, en el que el Consejo de Aguas realiza un deslinde. Sin embargo, la Justicia lo echó abajo en 2007 al apreciar desviación de poder. Ahora se procede a hacer otro deslinde que no varía el anterior.