Juan Carlos Santana Andueza murió electrocutado en la Ciudad Deportiva Martín Freire mientras limpiaba el vaso de la piscina. El accidente ocurrió en septiembre de 2005 en la capital grancanaria. Sus compañeros aseguran que algo iba mal en aquella instalación. "Me daba miedo trabajar con una palanca y un diferencial de electricidad que estaban mal", afirmaron.

Sus compañeros de trabajo aún recuerdan con precisión el trágico momento. "¡Adrián, hijo de puta, baja la palanca!", gritó desesperado José Miguel Álamo Cabrera. El operario estaba en el fondo del aljibe y trató de impedir que Juan descendiera por la escalera, según testificó ayer en el juicio por homicidio imprudente que se sigue contra el encargado de la empresa de mantenimiento y tres cargos directivos del Instituto Insular de Deportes, organismo autónomo que depende del Cabildo.

Los gritos de José Álamo no sirvieron de nada, porque Juan Santana ya estaba agarrado a la escalera de metal para bajar al vaso. En ese momento recibió la descarga eléctrica. "El agua se puso lila", recuerda el testigo, que alertó a su amigo para que saliera de ahí y pidió a otro empleado, Adrián, que cortara la electricidad. No hubo tiempo para reaccionar. El peón bajó la palanca, pero Juan ya había caído desplomado al fondo del aljibe. "Su cuerpo daba corriente cuando me acerqué a ayudarlo", rememora Álamo.

El fiscal delegado de Siniestralidad Laboral, Pedro Gimeno, considera en sus conclusiones provisionales que esos trabajos se hicieron sin el material adecuado, que la instalación eléctrica del centro deportivo presentaba un estado "lamentable" y que sus responsables conocían las deficiencias. Por ello acusa de homicidio imprudente a José María Cabrera Domínguez, gerente del Instituto Insular de Deportes cuando ocurrieron los hechos; Agustín Morales Quintero, entonces director técnico de ese organismo; Salvador Rodríguez Navarro, que sigue como director del Martín Freire; y Esteban González Sarmiento, encargado de la empresa concesionaria del mantenimiento.

El ministerio público, al igual que los sindicatos CC OO y UGT, solicita dos años de cárcel para cada uno de los imputados, que ayer negaron cualquier responsabilidad en la muerte del trabajador. Todos declararon ante el Juzgado de lo Penal número 1 que desconocían las "deficiencias" de la infraes-tructura eléctrica del Martín Freire, incluso negaron la existencia de informes que alertaban de esas anomalías. El fiscal basa parte de su acusación en esos dictámenes, que supuestamente fueron entregados "en mano" a personal de Arquitectura Técnica en el Instituto Insular de Deportes.

Los imputados también se echaron la culpa entre ellos y rechazaron que sus negociados fueran responsables de la instalación eléctrica, con el argumento de que esa función estaba encomendada a una empresa contratada para realizar ese tipo de mantenimiento.

Más allá de la existencia o no de esos informes -el gerente insinuó que eran falsos-, lo que sí quedó demostrado ayer es la precariedad de las condiciones laborales en Martín Freire. José Álamo insistió en el problema eléctrico, pero se salvó porque estaba lejos de la escalera y tenía botas, guantes y un traje de plástico que se había pagado de su bolsillo. "Antes del accidente teníamos que buscarnos la vida. Luego nos dieron materiales y un curso", agregó el testigo. El juicio continúa mañana.