Tras 32 meses de espera aún hay más de 500 familias de esta capital que esperan estar entre las elegidas para acceder a las 210 viviendas que el Gobierno de Canarias tiene terminadas y cerradas en Ciudad del Campo. Para llegar a la meta, además de una gran cuesta, hay que sortear varios baches. Primer bache: casi tres años esperando por una casa. Segundo bache: peticiones constantes de documentos. Tercer bache: ausencia total de infraestructuras y servicios municipales. Resultado final: nunca acceder a una vivienda digna costó tanto a unas personas que llevan como promedio entre 10 y 15 años de espera en alquiler o de prestado con familiares.
El pasado viernes, medio centenar de aspirantes a adjudicatarios de las 210 viviendas de Ciudad del Campo en régimen especial de alquiler (para las rentas más bajas) se patearon la cuesta real, la física, que separa sus futuras casas de la parada de guagua más cercana, en el vecino barrio de Piletas tras un viaje de 45 minutos en transporte público. Esta caminata simbólica, organizada por la Coordinadora Popular de la Vivienda, dejó tan exhaustos a todos los peticionarios (los que más puntos acumulan y, en principio, los que deberían ser adjudicatarios), como la espera a que les somete el Gobierno canario que retrasa la entrega de unos bloques terminados y cerrados a cal y canto.
"Yo no puedo más mi niña, entre la diabetes y el asma yo no sigo, yo me quedo aquí", afirmaba una mujer casi setentona que, a pesar de la edad, se apuntó a la reivindicación. La dura cuesta de la calle Actriz Patricia Medina causó estragos entre los peticionarios que tan sólo cogían resuello cuando veían, al final de la pendiente, los techos de sus futuras casas.
Baremación
"Queremos las llaves ya, queremos pasar las navidades en nuestras casas, ya hemos esperado bastante", gritaron algunos del medio centenar de peticionarios ante los bloques y con pancartas en la mano. "El Gobierno ha tardado tres años en baremar y eso no lo entiende nadie cuando luego ellos mismos dan a los solicitantes muy poco tiempo para entregar los datos que les piden; encima, esas baremaciones se hacen sobre datos erróneos porque al tardar tres años hay gente a la que le ha cambiado su situación", criticó la portavoz de la Coordinadora, María Puig.
El presidente de este colectivo, Segundo Martínez, censuró también la inactividad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con las 210 viviendas. "El Ayuntamiento piensa que los que van a venir aquí están acostumbrados a vivir entre escoria porque si no se entiende que hayan dejado esta ladera así de guarra", dijo señalando un solar lleno de escombros y basura en las puertas de los bloques. La Coordinadora denunció también la falta de servicios como Guaguas Municipales, cuya parada más cercana está a 25 minutos andando, y reclamó más acción municipal. "Si el alcalde no nos hace caso la próxima vez vamos a ir a decírselo al próximo pleno en Santa Ana", advirtió Martínez.
