Un tribunal popular comenzará a enjuiciar el 14 de febrero a un subinspector de la Policía Local de la capital grancanaria por presionar a dos agentes para que dejaran de practicar la prueba de alcoholemia a dos motoristas multados por un delito contra la seguridad del tráfico. El fiscal acusa a Eduardo A. B. de tráfico de influencias y de una falta de amenazas, delitos por los que solicita una pena de nueve meses de prisión, cuatro años de inhabilitación y una multa de 1.200 euros, entre otras sanciones.

El mando policial actuó en colaboración de otro agente, Carlos G. O. -para el que se pide sólo una multa-, según recoge el fiscal Miguel Pallarés en su escrito de conclusiones provisionales, aunque este funcionario sólo está acusado de una falta de amenazas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 25 de febrero de 2009. Una patrulla dio el alto a los conductores de dos ciclomotores que dieron 0,51 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado, pero uno de los detenidos, Agustín Pablo S. C., también procesado, llamó al policía raso para que "resolviera el problema", esto es, para que "evitara la imposición de la correspondiente sanción".

El agente telefoneó al subinspector y ambos se presentaron en el lugar de los hechos, en la confluencia de la calle Pelayo con Guanarteme. Iban en un coche oficial y previamente se pararon para recoger a la esposa y una amiga del conductor que estaba siendo multado. Luego "ordenan" a la unidad de atestados que "paralice" la prueba de alcoholemia y "no practique ninguna otra más", según el escrito de acusación del ministerio público, que tacha ese comportamiento de "arbitrario e ilegal".

Los agentes actuantes continúan con su obligación, pero el subinspector vuelve a exigirles que desistan de multar al detenido, incluso les amenaza con abrirles expedientes disciplinarios "con la clara intención de doblegar sus voluntades".