El absentismo es sólo la punta del iceberg. Detrás de la falta injustificada y continuada a clase se esconden problemas familiares que tienen que ser tratados por un profesional para que el menor regrese al colegio. Una labor que no se está llevando a cabo convenientemente en el Archipiélago desde el curso pasado tras el despido de más de 40 trabajadores sociales, educadores y psicólogos que intervenían en los centros públicos más conflictivos.

Así lo denuncia el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas. "Los menores se han quedado sin apoyo especializado. Los equipos directivos siguen trabajando en este problema, pero en algunos centros se ven desbordados. Además, el trabajador social perseguía a los niños, es decir, llamaba, iba a las casas y hacía todo lo posible para convencer a las familias de la importancia de la educación", explica Enrique Martí, directivo del Colegio de Trabajo Social.

Centros públicos de barrios con gran problemática de la capital grancanaria se han quedado sin este apoyo interno y directo, como es el caso de Jinámar o La Paterna, en donde sólo al mes se pueden contabilizar 20 menores absentistas. Aunque estos colegios e institutos del municipio sí cuentan actualmente con la asistencia de los trabajadores de los programas del Ayuntamiento, que es la administración responsable de velar por la escolarización de los menores.

"El problema es que los trabajadores del Ayuntamiento son contratados por seis meses y así es imposible hacer un seguimiento adecuado e investigar dónde está el problema. No es tan fácil volver a sentar a un alumno en una mesa", señala Eva Granados, portavoz de los profesionales despedidos.

Entre las causas se encuentra la dejadez familiar, la falta de motivación del menor, los malos hábitos o los problemas de adaptación. Una situación que se hace más palpable en la población inmigrante, como sucede con los rumanos o chinos, especialmente. "Estas personas no ven la educación como algo importante. Desde que los niños son pequeños los ponen a trabajar en sus puestos o bazares", recuerda Granados.

Cifras reales

Según denuncian estos profesionales, el Gobierno de Canarias ha prescindido de su labor, pero sí tiene asignado un presupuesto para este fin de 4,5 millones de euros. Además, lamentan que la crisis económica haya desbordado a los Servicios Sociales de los municipios y no se actúa con la rapidez que se debiera en estos casos. "Es importantísimo cortar el absentismo desde Primaria porque una vez en Secundaria es prácticamente imposible", explica la portavoz.

Asimismo los profesionales sostienen que hay más absentismo en Canarias del que reconocen las administraciones públicas. Sólo en Las Palmas de Gran Canaria calculan que hay más de 2.000 menores en esta situación. "El problema es que hay muchos niños que no aparecen nunca por clase y el centro cree que está matriculado en otro, pero no es así. Están fuera de control. Nuestra misión era encontrarlos", concluye Granados.