La vigilancia privada en los parques vallados de Las Palmas de Gran Canaria se quedará en el limbo a partir de abril cuando entre en vigor el nuevo contrato de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, en fase de licitación, que ya no recoge, como hasta ahora, la obligación por parte de las adjudicatarias de contratar guardias jurados.
Las dos adjudicatarias actuales de este contrato de zonas verdes, Santana Cazorla y FCC, reciben cada año del Ayuntamiento 1,8 millones de euros exclusivamente para pagar la vigilancia privada que está encomendada a Seguridad Integral Canaria.
La concejala de Parques y Jardines, Inmaculada Medina, aseguró ayer que los vigilantes seguirán en los parques pese a todo. "La vigilancia se saca del contrato de mantenimiento de los parques y jardines porque se va a incluir en otro contrato específico para la seguridad en todos los inmuebles y espacios municipales", afirmó la edil. Sin embargo, Medina no supo aclarar quién se encargará de la vigilancia entre abril, cuando los nuevos adjudicatarios se hagan cargo de los parques, y hasta que se falle ese concurso exclusivo para la vigilancia cuyas bases siquiera se han redactado aún.
"No se va a quitar la seguridad privada de los parques, eso lo garantizo", manifestó Medina. Sin embargo, desde Seguridad Integral Canaria no se ocultan sus dudas. "A nosotros nos han dicho lo mismo, que va a haber seguridad después de abril, pero yo no tengo conocimiento de que haya convocado ningún concurso específico para vigilancia privada", señaló Miguel Ángel Ramírez, presidente de la empresa. Seguridad Integral sí confirmó que retirará a sus 50 vigilantes de la decena de parques vallados que ahora controla una vez deje de percibir el pago por este servicio, situación que puede producirse en abril.
Desde el grupo municipal del PP se censuró esta actuación del gobierno socialista. "En abril los parques se quedan sin vigilantes porque al cesar el contrato actual y no estar en vigor ese nuevo contrato de seguridad, no hay forma de pagar un servicio de más de un millón de euros anuales, primero porque no hay fondos en el presupuesto, y segundo porque, por Ley, habría que convocar un concurso nuevo, aunque sea temporal, trámites que durarían varios meses, ¿y quién vigilaría los parques en esos meses?", pregunta el viceportavoz del PP, Felipe Afonso.
