Conciliar el derecho al descanso de unos y a la diversión de otros es complicado, pero se puede lograr si las administraciones hacen cumplir las leyes vigentes, aseguran representantes vecinales y de la Fiscalía de Medio Ambiente, quienes echan en falta una actuación más ágil y decidida por parte de las administraciones competentes, en la lucha contra el ruido producido por los locales de ocio y el botellón. Por su parte, los empresarios del ocio nocturno se escudan en que no son responsables de las escandaleras de la gente que hace botellón en la calle, a las puertas de los locales. Responsables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sostienen que la Policía Local actúa y que se sanciona a los locales que vulneran la ley. En lo que sí coinciden todos es en la necesidad de que los ciudadanos se mentalicen en el respeto a los demás y en que una manera efectiva de concienciar a la población es sancionar a los que hagan escandalera en la calle. Son las conclusiones del debate sobre el ruido organizado por LA PROVINCIA/DLP.
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia de Las Palmas, José Antonio Blanco Alonso, considera que "casi siempre que se produce una denuncia penal de un particular" por ruido es "porque existe una concurrencia entre el empresario incumplidor y la administración local, que no incumple, pero se retrasa" a la hora de comprobar que las instalaciones cumplen la normativa o a la hora de sancionar. "Tenemos", constata, "un procedimiento sancionador muy lento y las administraciones municipales no tienen medios suficientes para actuar con rapidez. Cuando un ciudadano denuncia no es por un ruido que se produce una noche, sino que es una situación reiterada que le afecta y muy directamente. No puede dormir y todos sabemos los problemas de salud que genera el ruido. Es un problema del empresario infractor y la administración lenta que no adopta las medidas correctoras, ordenando la suspensión de la actividad".
Denuncias
A juicio de Pepa Sánchez Doreste, presidenta de la asociación de vecinos Triana-San Telmo, los problemas de ruidos en determinadas zonas de marcha de esta ciudad se producen porque "el Ayuntamiento no vela por el cumplimiento de la Ley, que habla claramente de la obligatoriedad de insonorizar los locales y de que el dueño del bar es el responsable del ruido que se produce en la calle. Aquí no hay nada insonorizado y los restaurantes están con las puertas abiertas y la gente en la calle. La policía cumple y denuncia, pero luego el Ayuntamiento no tramita los expedientes. El problema está en que cuando llegan las denuncias de la policía al departamento de Gobernación se archivan".
Sánchez se queja de que "el Ayuntamiento no hace su trabajo, no está sancionando a los locales que incumple. Si cumpliera no haría falta que los ciudadanos acudieran a los tribunales a defender sus derechos".
Muy diferente es la visión del presidente de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Salas de Baile y Discotecas y Ocio, Antonio Márquez López, quien se queja de que se "está acusando y demonizando a los empresarios de la noche, por los ruidos que provocan una serie de personas que están en la calle y de la que nosotros no somos responsables. Los vecinos están culpando a los empresarios, pero el problema es municipal o autonómico. Un empresario abre un local porque tiene una autorización y cumple la ley y el vecino contra quien único puede ir es contra el bar de al lado. A su vez, lo más rápido para el Ayuntamiento es cerrar el bar, en lugar de actuar contra los que hacen ruido en la calle, mientras permiten la locura de la víspera de Reyes". Márquez reconoció que "hay empresarios que incumplen y nosotros somos los primeros interesados en que se cumpla la ley porque, entre otras cosas, "nos hacen competencia desleal los locales que piden licencia para bar y luego instalan música".
El concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández, reconoce la lentitud de la administración, un problema que atribuye a que "los trámites se eternizan por los derechos que asisten a los particulares. La policía va, presenta una denuncia y precinta los locales. Otra cosa es que se levante el precinto" tras un recurso. "Lo que no admito", precisa, "es que se diga que el Ayuntamiento no está haciendo nada. Sabemos dónde están los problemas, pero tenemos que terminar la nueva ordenanza.
