La mayoría de las multas por ruidos que pone la Policía Local en la capital grancanaria acaban en un cajón porque prescriben antes de tramitarse. La denuncia es del sindicato UGT en el cuerpo de guardia urbana y el concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández, no pudo aclarar qué porcentaje de las denuncias de los agentes se tramitan y se limitó a decir que en estos momentos hay un total de 40 multas notificadas y que otras 125 están pendientes de decreto.
Hernández informó de que durante el primer trimestre de este año se han impuesto 162 denuncias, una cifra que contrasta con las que facilitó la Policía Local hace unos días, cuando aseguró que fueron 247 las quejas ciudadanas recibidas durante el periodo descrito, si bien entre estas últimas se recogen tanto los expedientes abiertos como las demandas telefónicas.
El concejal convocó ayer una reunión urgente con la cúpula de la Policía Local y el jefe de del servicio de Gobernación para conocer el estado de tramitación de las denuncias, pero el hecho es que la gestión de las multas por ruidos depende de cuatro ordenanzas diferentes y sus respectivos servicios municipales (Actividades Clasificadas, Disciplina Urbanística, Tráfico y Convivencia). UGT calificó ayer de "descontrol absoluto" en la tramitación de multas, debido a la falta de "voluntad" de los responsables políticos para que la gestión salga adelante.
Así, José Antonio Alonso, secretario de UGT, criticó que la "mayoría de las multas no se tramitan, salvo que el ciudadano denunciante insista mucho. El policía pone la denuncia y el proceso sigue adelante hasta que va el equipo con los sonómetros a medir. A partir de este momento el expediente suele quedar paralizado, entre otras cosas, por la falta de personal, igual que ocurre con las denuncias de disciplina urbanística o de vallas publicitarias". Dirigentes vecinales llevan años denunciando que el Ayuntamiento no tramita las cientos de denuncias por contaminación acústica que ponen los guardias.
