La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado hoy la puesta en libertad de un enfermero del Hospital Insular (Gran Canaria) por su presunta implicación en la muerte por envenenamiento de su mujer, por lo que fue encarcelado en julio del año pasado en el llamado "caso del Talio".

De esta manera se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra un auto de 9 de febrero de 2011 (por el que se confirmaba otro del de 17 de diciembre de 2010), en el que se ratifica que se desestimaba la petición de libertad de Iván R.A.

El imputado, que es enfermero del Hospital Insular, fue encarcelado en julio de 2010 bajo la acusación de matar a su pareja mediante una combinación de sustancias "tóxicas" y "medicamentos no prescritos", tales como "benzodiazepinas, barbitúricos, morfina, insulina, codeína y talio", según las conclusiones del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas tras practicar la autopsia y analizar el historial clínico de la víctima, que era enfermera en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria.

El letrado que defiende al imputado, José Álvarez, solicitó el miércoles la libertad de Iván R. A. ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Su argumento no es nuevo, ya lo desveló el pasado 15 de marzo en otra vista celebrada para reclamar la guarda del hijo de la pareja. Según el abogado, no existen pruebas que acrediten el suministro de talio por parte de su cliente.

Sin embargo, tal y como trascendió desde el principio, las sospechas de los forenses y del Cuerpo Nacional de Policía no sólo apuntaban a esa metal pesado como causa del fallecimiento, sino a un cóctel de medicamentos y factores que pudieron provocar el fallecimiento de Laura Aróstegui González.

Los investigadores han constatado que Iván cuidaba de Laura de manera casi exclusiva, que empeoraba cuando estaba a su cargo y que estuvo varias veces ingresada por padecimientos de origen desconocido, hasta que finalmente murió en el Insular.

La Sección Segunda estima "legítima" la adopción de prisión preventiva, ya que considera que, entre otros motivos, aunque no exista aún una "prueba plena" de los hechos que se imputan, "basta que identifique en la causa motivos bastantes para creer responsable del delito a aquél", según afirma citando una doctrina del Tribunal Constitucional.

Sospechas de los médicos

Los agentes también hallaron en casa de la pareja una gran cantidad de medicamentos, entre ellos insulina y barbitúricos, incluso un testigo vio al imputado deshacerse de una caja de antibióticos en los aparcamientos de una gran superficie comercial de Telde, municipio en el que residía el matrimonio.

La juez que instruye el caso le ha tomado declaración a unos 80 o 90 testigos, la mayoría de ellos enfermeros y médicos de los hospitales Doctor Negrín e Insular. Ninguno vio al encartado inyectarle nada a su compañera sentimental, pero muchos de los facultativos que conocen el historial clínico de la paciente sospechan de los cuidados dispensados por el imputado.

En este sentido, el auto recoge que existen testigos "que relatan cómo Iván entraba en el cuarto de la medicación y buscaba medicación" que, según dijo, era para la víctima. Asimismo, el órgano judicial recuerda que, en casos de gravedad, existe el riesgo de que el imputado "pueda tratar de eludir la acción de la justicia, para lo cual bastaría que cruzara la frontera con Portugal o Francia o se ocultase en alguna parte de España".