La magistrada del Juzgado de Instrucción 8, Victoria Rosell, se desplazó el pasado lunes hasta la sede de la residencia Timanfaya -más conocida como Jesús Abandonado- y ordenó que se repartiera la comida entre los 42 internos del centro, la mayoría ancianos, ante la situación de extrema precariedad en la que viven los residentes y en la que trabajan los pocos empleados que aún quedan.

La actuación se produjo después de que dos empleados de la residencia denunciaran a primera hora de la tarde del lunes en el Juzgado de Guardia que no tenían más comida para alimentar a los 42 residentes tras, supuestamente, ser abandonados a su suerte por la Fundación Sauce que gestiona el centro. Estos empleados relataron ante Rosell, de guardia el lunes, que existía una despensa con alimentos pero que estaba cerrada con candado y que la llave se la había llevado la exdirectora, que no aparecía desde hacía varios días por el centro.

Ante tal eventualidad, la magistrada se trasladó hasta la residencia -en la calle León y Castillo- encabezando una comisión judicial a la que también se sumaron agentes de la Policía Científica por si había que documentar fotográficamente el estado de los ingresados y del propio local. Cuando Rosell ya se había planteado ordenar a la policía que tirara la puerta de la despensa abajo de una patada, apareció la exdirectora con la llave por lo que se pudo sacar los alimentos almacenados. La magistrada, que no abandonó el lugar hasta que se cocinó un potaje para los residentes, abrió diligencias por si existiera un delito de omisión del deber de socorro aunque exculpó a la exdirectora a la que sí afeó su conducta por irresponsable.

Actualmente acuden a trabajar a Jesús Abandonado seis empleados que deben hacer doble turno y realizar labores que no les corresponden para sacar adelante el centro. Calculan que les queda una semana de alimentos para los 42 ancianos residentes.

Algunos de estos trabajadores no cobran desde el pasado mes de diciembre. "Nosotros no tenemos la culpa, pero sufrimos las consecuencias", denuncia Yeray Trujillo, auxiliar de geriatría que también tiene que limpiar los pasillos y lavar la ropa. Además, la residencia debe un año de agua embotellada a una suministradora.

"Hemos hablado con los familiares de los ancianos para contarles la situación, pero nos dicen que no se pueden hacer cargo de ellos", comenta Trujillo, que fue contratado el 1 de diciembre de 2010 y no ha cobrado ni un solo mes.