Un estudio realizado por el Institut d'Economia de la Universidad de Barcelona cifra en 26,2 millones de euros el coste extraordinario que le genera a Las Palmas de Gran Canaria ser capital, una cantidad que es más del doble que la que le corresponde a Santa Cruz de Tenerife, a la que le asigna algo más de ocho millones por el plus de capitalidad.

Sin embargo, lo que ha recibido este año la capital grancanaria para compensar los perjuicios de dicha condición asciende a 2,6 millones, casi la misma cantidad que los 2,3 millones asignados a Santa Cruz de Tenerife, en el último Consejo de Capitalidad.

Según el estudio de la Universidad de Barcelona, realizado por Nuria Bosch, Marta Espasa y Daniel Montolio, la capital grancanaria debería tener una compensación bruta de 68,8 euros por habitante por los costes de capitalidad, mientras que a Santa Cruz le corresponden 36,2 euros per cápita. Las Palmas de Gran Canaria es la séptima ciudad más perjudicada por ser capital, tras Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Valencia y La Coruña, según los datos del estudio, denominado Informe sobre Federalismo Fiscal en España, facilitado a este periódico por los autores.

La cantidad que recibe Las Palmas de Gran Canaria se aleja bastante de la que considera necesaria el estudio catalán para compensar los perjuicios que les supone ser capital. En su día, el Ayuntamiento capitalino fijó en 46 millones de euros el coste de capitalidad.

Las Palmas de Gran Canaria comenzó a recibir dinero para compensar el coste de la capitalidad en el año 2008. Las dos capitales canarias recibieron ese año 500.000 euros cada una del Gobierno canario, cantidad con la que se conformaron los alcaldes Jerónimo Saavedra y Miguel Zerolo.

Este año, la capital grancanaria recibirá 2,6 millones, tras sufrir un recorte de un millón por parte del Gobierno, que se escudó en la crisis económica. El informe catalán considera que los municipios capitales de provincia deben ser compensadas o por el Estado o las comunidades autónomas, debido a los costes extras que les supone el trasiego y el uso permanente de sus servicios por gente que no reside en ella.