La edila de Asuntos Sociales de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Viera, firmó el lunes una resolución que ordena la suspensión de los servicios de limpieza de hogar y comida que se presta actualmente a más de 1.000 usuarios a través de la ayuda a domicilio, con el argumento de que sólo dispone de 500.000 euros para terminar el año y hay que "priorizar" la atención a los "más necesitados". Viera aseguró que la falta de dinero les obliga a recortar los servicios, por lo que sólo se ofrecerá la atención de aseo personal a unos 900 usuarios, menos de la mitad de la cifra total de usuarios originales, entre los que figuran 233 personas encamadas. El resto de los servicios se ofrecerán "sólo en casos muy excepcionales. Lo prioritario es el aseo personal".

La resolución ha generado una "gran confusión" entre el personal de servicios sociales, que "no tiene claro a quién tiene que aplicarle la suspensión de los servicios", señalaron fuentes cercanas a los trabajadores, que añadieron que se están revisando todos los expedientes para aplicar los recortes. La edila Viera insistió en que se está revisando "caso por caso", para ver la situación económica y familiar de los usuarios y sostuvo que "se dará prioridad al aseo personal y a las personas que realmente lo necesitan". La decisión que se ha adoptado, dijo, está fundamentada en un informe realizado por los técnicos de ayuda a domicilio a petición suya.

El servicio de ayuda a domicilio, que atiende en estos momentos a un total de 1.969 usuarios, tiene presupuestado este año un total de 7,5 millones de euros, pero la concejala de Urbanismo, Vivienda y Aguas, María del Carmen Hernández Bento, manifestó ayer que el Ayuntamiento "sólo puede gastar los 4,2 millones que están vinculados al contrato" con la empresa Fepas, concesionaria de dicho servicio.

Tres millones

Bento reconoció que en las arcas municipales hay tres millones disponibles y sin gastar, pero precisó que "no se pueden utilizar" porque "no tienen sustento legal" al "no estar vinculados al contrato" con Fepas, que asciende a 4,2 millones, una afirmación que rechazó la concejala socialista Isabel Mena, quien consideró que "los tres millones que están disponibles se pueden usar a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, como se ha hecho en años anteriores". Los populares no están dispuestos, según Bento, "a asumir la mala gestión del gobierno anterior" y manifestó desconocer que harán con estos tres millones disponibles, aunque "la prioridad serán los servicios sociales. Nos duele muchísimo" tener que hacer este recorte, recalcó Bento, "pero sólo podemos tramitar el gasto de 4,2 millones, de los cuales, el gobierno anterior se gastó el 90% en los seis primeros meses y solo nos quedan 500.000 euros para acabar el año, lo que nos obliga a reducir" los servicios. "Este ha sido", se quejó, "uno de los grandes problemas del anterior mandato con el que nos hemos encontrado". La concejala responsabilizó al PSOE por no haber sacado a concurso la ayuda a domicilio este año, ya que la segunda y última prórroga del contrato vence este año.