El puerto de Freetown, la capital de Sierra Leona, fue testigo en diciembre de 2003 de la última singladura de un buque de treinta años de antigüedad llamado MT Conakry. Pese a lo que se pudiese pensar, dado el desgaste que había sufrido por su falta de mantenimiento, el viejo petrolero de cien metros de eslora no se hundió durante su trayecto hasta las costas canarias. No, fue rescatado por los servicios de salvamento el 31 de enero de 2004 cuando sufrió una vía de agua y acabó siendo remolcado hasta el Puerto de La Luz, donde sus 19 tripulantes fueron detenidos y su valiosa carga liberada.

En las profundidades del barco, más de 150 personas viajaban hacinadas en un viaje plagado de peligros que había de llevarles a vivir el sueño europeo. Aquellos inmigrantes habían sido reclutados en diversas playas africanas y tras pagar un billete de unos mil euros se enfrentaron a un viaje en un petrolero que a simple vista, navegaba al borde del naufragio.

Los peritos que accedieron a él dictaminaron que su estructura se hallaba "severamente corroída", en algunas zonas vitales, "la pérdida de material se hacía evidente" y "la estanqueidad, sencillamente, no existía", entre otros problemas varios.

Aquel buque negrero, "cuyas condiciones de aseo e higiene eran las propias del transporte de esclavos de otros tiempos", aseguraba la fiscalía en el escrito de acusación en el que se acusaba a la tripulación de un delito de promoción y favorecimiento de la inmigración ilegal, fue atracado en el Muelle de los Cambulloneros donde quedó abandonado varios años.

Siete años después

Los tripulantes encausados, fueron absueltos por los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial en febrero de 2007 tras decidir que ellos no eran competentes para procesar a unos acusados lejos de su jurisdicción.

De hecho, un oficio remitido por la Armada Española, responsable del remolque del barco hasta las costas grancanarias, certificó que había sido abordado a 60 millas de la Isla, fuera de las aguas jurisdiccionales españolas.

La fiscalía, que siempre defendió que el buque fue abordado por razones humanitarias y que las detenciones se produjeron en territorio español, elevó un recurso a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal estimó aquel recurso y obligó a la Sección Primera de la Audiencia a repetir el juicio al señalar que el delito se podía dar por cometido en España por ser el destino del barco. Había un problema, los 18 miembros de la tripulación, el capitán murió durante su estancia en la cárcel, estaban en libertad y muchos se habían esfumado.

El primer paso que se dio, fue la notificación de una citación en los domicilios que constaban antes de su absolución y, cuando varios de ellos no fueron localizados, se emitió una orden de búsqueda y captura.

En la actualidad, ocho tripulantes siguen en paradero desconocido; los otros diez ya han sido enjuiciados. "La mayoría de ellos han sido condenados a ocho años de prisión por un delito de promoción y favorecimiento de la inmigración ilegal", explica el abogado de Mohamed Kargbo, el último que ha ido a juicio.

Kargbo, sin embargo, ni siquiera pisará la cárcel. Este marinero del MT Conakry llegó a un acuerdo con la fiscalía y aceptó cuatro años de prisión por declararse cómplice del delito. Como ya cumplió tres entre 2004 y 2007, "es probable que siga libre", explicó su abogado; mientras tanto, aún quedan por ser juzgados ocho.